A alguien se le ocurrió la idea de escribir las papeletas de voto en colores distintos. Verde para Coalición, rojo para el PSOE y azul para los gomeros. Había dudas de que volviera a saltar la liebre, de que algún diputado hiciera la pirula en la elección de las dos nuevas consejeras de la tele canaria, sometidas ayer en el Parlamento por cuarta y última vez a una votación de repesca. En la tercera votación, un diputado no votó, y el PSOE acusó a Coalición de haber hecho trampa. Todos sabíamos que la trampa la hizo el PSOE, probablemente en la mesa de la Cámara, único lugar donde las papeletas no se controlaron?

Pues eso, que a las doce de la mañana Sus Señorías, enseñándose unos a otros las papeletas escritas en colores, fueron llamadas a depositarlas a la urna, y el recuento volvió a demostrar que en el PSOE hay uno que juega por su cuenta. La mesa contó las papeletas, y tuvo que contar una nula, con dos votos, una abstención en color verde, y un NO como una casa en color rojo. Una coña marinera de un cachondo o cachonda. O quizá no tan cachondo o cachonda. Porque las consejeras propuestas por el PSOE y Coalición han quedado definitivamente fuera. Un (o una) socialista ha votado contra el criterio de su partido, y contra su propia candidata, amparándose en el secreto. Es la primera vez que ocurre algo así desde que existe el Parlamento. Hay que preguntarse por qué ha ocurrido y a quién beneficia?

Una explicación: el domingo pasado una de las empresas licitadoras del megaconcurso de la Radio Televisión Canaria, utilizaba el periódico de su propiedad para desvelar por fin la estrategia seguida desde hace más de un año para lograr que el contrato multimillonario de la tele no pueda ser adjudicado. Canarias 7, en una información firmada por su director, explicaba lo que su empresa, después de un contrato de ocho años adjudicado en un negociado, y con una prórroga de otros dos decidida graciosamente por Paulino Rivero, ha venido queriendo que ocurra desde el minuto uno: forzar una nueva prórroga -esta vez de nueve meses- que retrase la adjudicación del contrato hasta bien entrado el 2019, en plena campaña electoral regional. El objetivo es ganar esos nueve meses necesarios para que sea una nueva administración -distinta a la actual- la que adjudique la lluvia de millones. Y a lograr ese objetivo se han destinado los esfuerzos de una pelea política que mantiene el Consejo Rector de la Televisión Canaria bloqueado e incapacitado. En la fase final de esa estrategia -apenas dos días antes de que el Parlamento de Canarias volviera ayer a atascar el Consejo Rector de la tele canaria, rechazando por cuarta vez a las nuevas consejeras- Canarias 7 explicaba que contrariamente a las tesis del presidente del Consejo, Santiago Negrín, "y de quienes le dan a Negrín apoyo político", la legislación del Estado permite "en casos extraordinarios -como sería éste- una prórroga de nueve meses atendiendo a la importancia del servicio que se presta y que podría quedar interrumpido".

El mismo periódico que criticó ferozmente la solución adoptada por Negrín para evitar la suspensión de la señal (es de suponer que también necesaria para no interrumpir el servicio), y que ha alentado en todas las instancias posibles (el TSJC, el Tribunal Administrativo de Contratos, el Parlamento de Canarias, a través de la acción de algunos grupos parlamentarios y de algunos diputados, o el propio Consejo Rector, tirando de una de sus consejeras), descubre por fin que el objetivo de toda esa tinta desparramada en las portadas era evitar la adjudicación del contrato para forzar una prórroga, que permitiera un cambio en la actual Administración. Nadie ha dudado nunca de que esta es una guerra comercial, como tantas otras que hoy definen la actualidad política de Canarias (la del gas, por ejemplo), contaminando a los partidos y los medios. Pero la actual licitadora jamás había enseñado la patita de forma tan clara hasta este domingo?