Islas Airways, la aerolínea de Miguel Concepción, tiene que devolver la friolera de siete millones y medio de euros, que la compañía se apropió indebidamente en las subvenciones a la residencia. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia del TSJ de Madrid, que Concepción había recurrido en casación, y al hacerlo coloca al actual presidente del Tenerife en una situación bastante peliaguda. La sentencia puede influir en el desarrollo de la causa penal contra él y sus dos hijas, por la que la fiscal Jezabel Criado ha solicitado penas de cárcel por un total de doce años.

Probablemente, estamos ante el fin del imperio de Concepción, empresario de cámara del "paulinato" y beneficiario recurrente de adjudicaciones del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias, en los tiempos en los que Rivero -ahora refugiado en la presidencia de una fundación sostenida por algunos empresarios amigos- era quien decidía las infraestructuras del Cabildo o el Gobierno. El inicio de la decadencia del imperio de Concepción se produjo precisamente cuando Rivero le convenció de hacerse cargo de Islas, una empresa con dificultades. Concepción, presidente de un gigantesco holding empresarial, invirtió en Islas una auténtica fortuna, además de hacer juegos malabares con las subvenciones a la residencia, pero no evitó que la compañía se hundiera. Concepción responsabilizó a Binter del fracaso de su empresa, y el entonces presidente Rivero, al Ministerio de Fomento, al que acusó de urdir una grave afrenta a Canarias. Pero la quiebra de Islas tenía otras explicaciones: con un capital social de 40 millones de euros, aportados íntegramente por SOAC -el holding de Concepción-, la auditoría realizada a Islas ya en 2010 reconocía unas pérdidas acumuladas de 38 millones, lo que dejaba a la empresa con un valor patrimonial de solo dos, una cantidad ridícula para sostenerse en el mundo del transporte aéreo. Lo más chocante del caso es que el holding, auditado por una consultora distinta de la que audita Islas -eso es ya en sí una irregularidad-, siguió valorando en 40 millones de euros la compañía aérea, manteniendo un artificio contable de los que tiran para atrás y que -si se depurara- colocaría a todo el grupo de Concepción en situación de quiebra. No es, pues, de extrañar que Traysesa -la compañía madre- tuviera que enfrentarse también a su propia concursal, que dejó a muchísima gente en la calle.

El tinglado de Concepción creció durante años porque el Gobierno de Canarias le adjudicó más del sesenta por ciento del total de las obras en carreteras licitadas en las Islas, repitiendo el formato inaugurado por el presidente Rivero en su etapa de vicepresidente del Cabildo tinerfeño. El escándalo se mantuvo a pesar de las denuncias de Fepeco, porque la nuestra es una isla de omertás. Pero cuando la crisis provocó el frenazo a la inversión pública, todo el negocio de Concepción colapsó, y eso fue lo que provocó la quiebra de sus empresas. El problema de Concepción es aún más grave de lo que se piensa: para escapar a la voladura patrimonial, y durante un tiempo, Concepción (que ya había ensayado con éxito la formula cuando compró gracias a un multimillonario crédito de CajaCanarias la empresa segoviana Construcciones Pérez Pozas, a la que luego arruinó), Concepción, digo? acudió a la Caja y logró que se le financiara una gigantesca pelota que superó los veinte millones. Solo siete u ocho de esos millones podían considerarse -con mucha generosidad- de giro normal. El resto fue un inexplicable agujero que todavía hoy pone de los nervios a los directivos de La Caixa, y que algo tuvo que ver con el ajuste al que se sometió a los responsables de aquellos créditos.

La caída del imperio Concepción solo ha comenzado a desvelar lo que hay debajo. Aparecerán más cosas. Por eso algunos de los viejos amigos ya han puesto tierra por medio.