A veces, no basta con la sensatez y la cordura para controlar una situación en la que el de enfrente no acepta que la sensatez y la cordura sean las reglas de juego. A veces hace falta recurrir a la fuerza, que en las sociedades civilizadas es patrimonio del Estado, para imponer la legalidad. Coincidiendo con el incendiario discurso de investidura del xenófobo Torra, un señor cuyo único mérito para presidir la Generalitat es que un Puigdemont ya huido de la Justicia le designó su sucesor, coincidiendo con eso, se revelan los datos del CIS catalán, teóricamente intervenido y controlado por el Gobierno de España en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. De acuerdo con esos datos, el mes pasado se había invertido la situación de una mayoría social contraria a la independencia en Cataluña, que ahora resultaría ser favorable. Poco menos de medio año después de una gestión cobarde y sin rumbo del desafío independentista por parte del Gobierno Rajoy, poco menos de medio año después de tacticismo gubernamental para hacer aprobar los Presupuestos, de ausencia de dirección política y de dejar a los jueces que resuelvan la papeleta al Estado, hoy la situación está peor que ayer: Cataluña sigue paralizada, aumenta la base social secesionista, los huidos siguen campando a sus anchas, y Puigdemont ha logrado imponer a toda Cataluña, gracias a la colaboración de Esquerra y a la CUP, que ayer anunció que se abstendrá para permitir que Torra sea investido, a un president que reniega en su propia investidura de serlo de todos los catalanes, anuncia la intención de continuar por el camino de la unilateralidad y la ruptura con España, el conflicto institucional, y el enfrentamiento civil en Cataluña.

Frente al anuncio de Torra de que está dispuesto a pasarse por el arco de triunfo a las instituciones catalanas, al Estatut, la legalidad, los tribunales y la Constitución, lo que hace el Gobierno de España es manifestar su confianza en que el nuevo monaguillo de Puigdemont cumpla la ley. ¿Y por qué habría de hacerlo? Ha dejado claro que es solo un servidor vicario del expresident autoexiliado, que su único objetivo político es la República catalana, y que para ese objetivo, la única estrategia posible es la desobediencia.

Por supuesto, hay que esperar. En democracia lo que se juzgan son las acciones, no las intenciones. Pero el Gobierno de la nación debería recordar por tierra, mar y aire que no transigirá, que volverá a convocar a las fuerzas políticas constitucionales y al Senado, antes incluso de que se produzca la primera desafección del Govern, para obtener la preceptiva autorización para suspender de nuevo el autogobierno, con una voluntad de intervención mayor, si los partidos independentistas y las instituciones que controlan perseveran en su intención de incumplir la legalidad.

Somos muchos los ciudadanos que creemos que la aplicación del 155 -probablemente por la contemporización de Pedro Sánchez- se quedó demasiado corta (en su profundidad y en su duración), a la espera de que se produjeran cambios inmediatos en una situación alimentada por casi 40 años de nacionalismo excluyente. Esta vez no se pueden cometer los mismos errores. Esta vez no puede quedar todo en manos de los jueces. La lección de estos meses en Cataluña es que Rajoy tiene que asumir los riesgos que implica su obligación. Que es evitar que haya que elegir entre el caos de una confrontación social en Cataluña, o la imposición ilegal de la independencia.