El dramático aumento de tráfico -alrededor de unas sesenta pateras y embarcaciones menores- en las zonas del Estrecho, la ruta de Almería y el mar de Alborán, con la interceptación por Salvamento Marítimo de casi un millar de inmigrantes, condiciona hoy la agenda política de España con Marruecos. El Gobierno marroquí y sus voceros oficiales han permanecido completamente en silencio ante lo ocurrido, como pendientes de las primeras reacciones oficiales españolas. La coincidencia de estas llegadas masivas con el fin del Ramadán, una época en que se relaja la vigilancia policial de las costas de reino alauita, ha sido destacada por las autoridades españolas, junto al estado tranquilo del mar, como posible explicación del aumento de pateras, que -tras la detección de un cayuco con más de 150 personas procedente de Senegal- comenzó a cuajar también en Canarias con la arribada de dos pateras magrebís, una el 16 de junio, y otra ayer, a las playas de la isla de Lanzarote.

No suele hablarse mucho de ello, pero igual podría intuirse que esta nueva oleada masiva puede tener alguna relación con las primeras decisiones del Gobierno de Sánchez, sin que eso presuponga que estemos ante el inicio de un cambio de tendencia en la colaboración policial de Marruecos con España. Más bien, todo hace pensar en uno de los recurrentes y calculados "testeos de situación" que la Administración marroquí suele ensayar cada vez que se produce un cambio de Gobierno en España, a modo de aviso.

Las cifras son altas, tanto que no se conocían arribadas similares desde 2014, pero nada hace pensar que esto tenga relación alguna con la decisión de Sánchez de invitar a los náufragos de "Aquarius", ni con el cierre de los puertos italianos, utilizados fundamentalmente por la inmigración de Libia y el Sahel, mientras los magrebíes y argelinos prefieren las rutas españolas.

La situación ha alertado a las autoridades canarias: el presidente Clavijo ha solicitado un encuentro urgente con Pedro Sánchez. Le preocupa que Canarias no esté en condiciones de hacer frente a una emergencia similar a la sufrida desde principios de este siglo, y que tuvo su punto álgido en 2006. La consejera Rosa Dávila, por su parte, ha recordado que Canarias fue abandonada. a su suerte por las autoridades españolas. Tiene mala memoria la consejera: es cierto que el dispositivo diseñado por la Administración del Estado para hacer frente a la crisis humanitaria que supuso atender a los miles de personas que llegaron en aquellos años, se retrasó y adoleció de alguna improvisación. Pero el comportamiento del Estado fue más decente y solidario que el de las administraciones locales, más proactivo y menos acobardado ante el creciente rechazo social hacia los recién llegados. Mientras la Delegación del Gobierno, bajo el mando de José Segura, diseñaba y aplicaba en Canarias protocolos de atención y políticas que hoy son de uso cotidiano en toda Europa, en Canarias un alcalde enviaba a sus negros a Madrid en viaje nocturno, y otros jaleaban protestas ante los centros de internamiento o manifestaciones xenófobas, que fueron aplaudidas por concejales y algún diputado nacionalista.

Seguro que eso no va a repetirse, pero conviene recordar lo que realmente sucedió: porque si alguien estuvo aquí a la altura de las circunstancias, fueron Salvamento Marítimo, las fuerzas de seguridad, los sanitarios, Cruz Roja y los centenares de voluntarios que se movilizaron solidariamente para paliar el drama, mientras muchas administraciones canarias se lavaban las manos y culpaban de todo al Estado.