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A BABOR FRANCISCO POMARES

Ladrillos y personas

3/ago/18 6:13 AM
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En unas recientes declaraciones, el presidente Clavijo reconoció la obviedad de que las listas de espera en la dependencia bajan en Canarias a un ritmo muy inferior al que debieran. Lo peor es que eso ya no ocurre porque no haya recursos económicos disponibles para afrontar la incorporación de más dependientes al sistema. El problema es que "hay falta de trabajadores sociales", y eso sucede -nos dice Clavijo- porque para dotar las plazas se precisa de una oferta pública de empleo, un proceso de selección y luego incorporar a los trabajadores sociales al sistema y ponerlos a currar. Claro que hasta el año 2017, por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no hubo oferta pública de empleo, y además -si esa oferta pública se produjera ahora-, sería muy difícil que las plazas estuvieran cubiertas y operativas hasta dentro de dos o tres años. Como sería una desvergüenza esperar tanto tiempo, lo que ha hecho el Gobierno -dice Clavijo- son varias cosas: una es darle dinero a los ayuntamientos y cabildos, para que sean ellos quienes lo gasten. La otra es buscar el apoyo de los colegios profesionales, algo que ha provocado cierto rechazo entre los funcionarios. Y por último, se ha ampliado todo lo que permite la legislación laboral las horas extras, dotándolas presupuestariamente, para que los empleados responsables de tramitar los expedientes trabajen más tiempo y cursen más "dependencias". El efecto combinado de esas medidas habría permitido que en el primer semestre de este año se hayan producido 1.900 altas por encima de las del primer semestre del año pasado.

No sé de dónde saca el presidente esos datos, pero en el portal de transparencia de su Gobierno, el último informe disponible sobre Gestión de la Dependencia del 26 de junio de este año habla -es cierto- de un total de 1900 plazas -pero creadas 'en total' en los cinco primeros meses-, lo que supone un aumento real de personas con acceso a la prestación de 683 solicitantes en relación con el mismo período del año anterior. Justo un tercio de la cifra facilitada por el presidente. Todo el mundo puede equivocarse, desde luego, pero aquí las cifras que realmente cuentan o deberían contar son las que nos indican que 10.500 personas con la dependencia reconocida aún no la cobran, y que hay otras 12.500 en la cola esperando a que se valore su situación. Estamos hablando de 23.000 personas -la mayoría de ellas con serias dificultades para sobrevivir- a la espera de recibir asistencia, porque "hay falta de trabajadores sociales".

Y eso es sin duda cierto, pero uno se pregunta si la ausencia de técnicos para tramitar la dependencia en la Consejería de Asuntos Sociales tiene algo que ver con una mayor sensibilidad del Gobierno por otro tipo de asuntos que considera más apremiantes? por ejemplo, el Consejo de Gobierno aprobó éste último lunes -un día después de publicarse las declaraciones de su presidente- una declaración de sectores, funciones y categorías profesionales prioritarias, que considera imprescindible cubrir, por procedimientos como la contratación de personal laboral temporal o de funcionarios interinos. ¿Y cuáles son esos sectores? Básicamente, son los que tienen que ver con la inversión en infraestructuras: los servicios de supervisión técnica, los de laboratorios y calidad de la construcción, los de planificación, proyectos y construcciones, y los de gestión económica y asuntos generales adscritos a Infraestructuras Educativas.

En fin, que parece que hay más urgencia por gastar el dinero en ladrillos que por gastarlo en personas.

A BABOR FRANCISCO POMARES