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A BABOR FRANCISCO POMARES

Ya se dijo

30/nov/18 6:30 AM
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¿Recuerdan aquella escena de "Casablanca" en la que el comisario Renault (Claude Rains) se muestra escandalizado de que el bar de Rick (Bogart) sea un casino clandestino? ¿Recuerdan sus protestas por descubrir que "aquí se juega" mientras un camarero del casino le entrega sus ganancias? Pues a eso me suena la reacción de Pablo Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, al enterarse de que Baleares va a denunciar a las compañías aéreas por quedarse con los cuartos de las subvenciones? Debo haber publicado como una media docena de artículos explicando que la subvención a residentes del 75 por ciento en los viajes Canarias-Península y viceversa es básicamente injusta, no evita los abusos, y beneficia especialmente a las compañías. Presumo de cierta coherencia al haber defendido esa misma posición desde la modestia de esta tira durante todo el debate sobre el asunto. Esta concreta subvención no tiene los efectos positivos de la que se estableció en los vuelos entre islas, fundamentalmente porque aquí Binter ha mantenido sus precios sin modificación alguna durante los últimos años. Lo ha hecho, entre otros motivos, porque el aumento de pasajeros fruto de la medida ya ha supuesto un mejor resultado económico, y también porque la situación de práctico monopolio de la que disfruta la compañía, y la existencia de precios de referencia en algunos vuelos, exige comportarse con cautela. No ocurre lo mismo con los vuelos Canarias-Península. Lo que ocurre es que en esto, como en el comercio de insumos, el cultivo y distribución del tomate majorero, o la venta de coches a la que ahora se dedica sin sonrojo el exministro Soria, funcionan a la perfección las leyes de la oferta y la demanda que definen el capitalismo: las compañías acaban adaptando sus precios al aumento de la demanda, con el límite de lo que saben que puede pagar un usuario. Si volar desde Madrid a Berlín puede situarse entre 150 o 180 euros, por volar a Canarias, un pasajero está dispuesto a pagar más o menos lo mismo. Las compañías acaban subiendo las tarifas, sabiendo que el pasajero pagará el billete por lo que realmente vale, y se embolsan casi íntegra la subvención. Siempre dije que el aumento de la subvención del 50 al 75 por ciento no cambiaría nada y que volvería a ocurrir, que es lo que -de hecho- denuncia el Gobierno de Baleares, ahora con el sorprendido pero entusiasta apoyo del vicepresidente del Gobierno de Canarias.

El Gobierno sabía que iba a ser robado por las compañías, pero como el dinero de todos no es de nadie, aquí se destinan entre 700 y mil millones al año (entre 35 y 50 veces el coste de un plan contra la pobreza) a la barbaridad que supone dedicar 600 euros de dinero público -poco menos de lo que cuestan dos ayudas familiares tipo- a financiar que un pasajero viaje en "bussines" con las piernas estiradas. Siempre he dicho que eso es una vergüenza, y que habría que resolverlo antes de que alguien con mando en plaza se cabree y decida que este país no tiene por qué tirar el dinero de esta forma. ¿Quiere eso decir que no deben subvencionarse los pasajes Canarias-Península? Por supuesto que sí, pero no a base de regalarles a los que más tienen y a las compañías un dinero que es de todos.

La solución no es, a mi juicio, acudir a los tribunales. Las compañías son sociedades anónimas, y sus dueños no responden con su propio patrimonio. No se trata de oponerse al 75 por ciento. Se trata de establecer sistemas para que el esfuerzo solidario con Canarias no beneficie a los dueños de las aerolíneas. Ellos ya tienen sus propias y multimillonarias subvenciones. Por eso, lo razonable sería fijar un precio máximo subvencionable y voluntario. Abonar la subvención solo si el pasajero realiza su trayecto en un vuelo que no cueste más de 200 euros, por ejemplo. Con ese formato se acabaría con la trapisonda de las compañías, con la injusticia que supone que el Estado pague subvenciones abusivas a los que pueden viajar en primera, y con una práctica que no es justa ni es en absoluto defendible.

A BABOR FRANCISCO POMARES