Llueve sobre mojado: al retraso de los convenios, se suma ahora los 30 millones del plan contra la pobreza que el Gobierno Sánchez ha decidido no entregar a los ayuntamientos. Rosa Dávila ha calificado de "bajeza inaceptable" que se bloquee el envió de un dinero que tendría que haber entrado en 2018, porque resulta que alguno de los ayuntamientos de Canarias que debieron gastar esos recursos no consiguieron pulirse el presupuesto de 2017. Los propios ayuntamientos aseguran que eso ocurrió por culpa de los plazos inflexibles que impuso el Ministerio. Pero lo cierto es que la mayor parte del presupuesto si se gastó, hubo que devolver tan sólo 1,4 millones de euros de los once adjudicados en 2007 para el plan.

Esta vez, en cumplimiento de lo establecido en el REF, tendrían que ser 30, que no llegarán porque no se pudieron gastar los anteriores en su totalidad. Desconozco la técnica presupuestaria que se aplica en este caso, pero la tradicional es que se reduzcan las cantidades que se envían en función del gasto no realizado, no afectando al total. Mal estreno el del Gobierno de Sánchez en relación con el cumplimiento del REF: los 30 millones de esta anualidad corresponden los acuerdos establecidos con su aprobación. Parece de poco recibo que se castigue a todos los ayuntamientos por el incumplimiento de algunos, incluso se haga pagar a los quince que se negaron en 2017 a cobrar nada, porque no tenían tiempo para poder gastarlo. Alguna responsabilidad en la inejecución del gasto debe tener que el Gobierno de la nación retrase los pagos. Es cierto que el Gobierno de Canarias no es el más eficiente del mundo en lo que a ejecutar el presupuesto se refiere, pero también lo es que en este caso no se habla del Gobierno, sino de los ayuntamientos, y que resulta difícil gastarte un dinero que no se te ha entregado. Si los ingresos contra la pobreza del REF se demoraron el año pasado como este (el Ministerio acaba de anunciar que no van a pagar lo correspondiente a 2018 ¡¡¡en diciembre!!!), o tanto como las transferencias del convenio de carreteras, aún pendiente de su aprobación y posterior firma, entonces habría que aceptar que en este asunto la responsabilidad no es sólo de quien no ejecuta en plazo, sino de quien no aporta los dineros cuando debe hacerlo.

El Gobierno de Canarias ha transferido los cuartos no gastados a la Hacienda del Estado, con el añadido de los correspondientes intereses, y ha reclamado que se entreguen a Canarias los 30 millones de plan de lucha contra la pobreza recogido en el REF. Si el Gobierno de la nación no los abona, el asunto acabará en los tribunales, y es posible que -como ocurrió con las "rebajas" del PP en el convenio de carreteras- al final el Estado tenga que pagarlo todo junto.

Y mientras Madrid y Canarias se pelean, el pato lo pagan -como ocurre siempre- los que no tienen culpa de nada. Pobres pobres los de esta región, esperando su ayuda municipal, mientras los políticos se entretienen buscando cómo endosarse responsabilidades. Ángel Víctor Torres se ha apuntado al eslogan ''otra Canarias es posible'' (por cierto, no es que sea muy original, se lo ha copiado a Ciudadanos, que lleva usándolo desde hace meses), pero en este asunto parece andar en la Canarias de siempre: una Canarias que se moviliza como un solo hombre por los 200 millones del descuento a la residencia, pero a la que le da igual que 30 miserables millones para atender a los más pobres se evaporen.