Ayer por la mañana, un pajarito del Gobierno le dijo a Efe que el presidente Sánchez estaba decidido a convocar elecciones generales el próximo 14 de abril, coincidiendo con la conmemoración de las que trajeron la Segunda República. Luego, un poco más tarde, una fuente oficial aseguró que el 14 de abril podía ser demasiado precipitado, que el Gobierno solo se pronunciará tras el debate del presupuesto. Pero el mensaje ya estaba lanzado: el Gobierno podría adelantarse hasta un mes y medio al domingo 26 de mayo, en el que ya está prevista la celebración de elecciones europeas, locales y regionales. La posibilidad de celebrar un "superdomingo" electoral ese 26 de mayo también habría sido estudiada por Sánchez, pero cuenta con la decidida oposición de los barones del PSOE, que prefieren que las elecciones en sus comunidades no se vean directamente condicionadas por la política nacional. Temen un castigo al estilo andaluz, si la campaña de las generales coincide con la de las locales y regionales, y la gestión regional y municipal de los socialistas queda contaminada por Cataluña y los avatares de la confusa política de Sánchez.

Las filtraciones de ayer desde el Gobierno se producen cuando quedan dos días de incertidumbre ante la previsible derrota en los presupuestos, cuyas enmiendas a la totalidad se debaten hoy en el Congreso. La ruptura de los independentistas con Sánchez, y la consiguiente renuncia de este a conducir el diálogo a través de mecanismos no constitucionales -como la figura del relator o la mesa de partidos- han colocado a Sánchez en una posición muy difícil: el bloque de partidos articulado en torno a la moción de censura contra Rajoy se ha deshecho, y su recomposición no parece que sea posible.

Es en ese escenario, de abandono de Sánchez de su política de diálogo con los partidos independentistas, cuando se produce la manifestación convocada por PP y Ciudadanos, exigiendo elecciones, que podrían dar como resultado un Gobierno de lo que Sánchez califica como "las tres derechas", que mantendría una posición más intransigente con los independentistas.

Por eso amenaza ahora Sánchez con la convocatoria inminente de unas elecciones que siempre se ha negado a convocar. Ya sabe -algo que desconocía hace unos meses- que los presupuestos de 2017 no pueden volver a prorrogarse, y que tiene la obligación legal de convocar elecciones si no consigue hacer aprobar su proyecto. Su amenaza consiste en convocar cuanto antes, incluso disolviendo las Cortes la próxima semana y convocando elecciones el 19 de febrero, a celebrar el 14 de abril.

¿Podrían ceder Esquerra y el PDCat a esa amenaza? Podría ocurrir, pero Sánchez ha calculado mal. No son Esquerra y PDCat quienes hoy gobiernan Cataluña. Quien manda ahora es el factor en la Generalitat del hombre de Waterloo, Puigdemont. Y ese no va a ceder. Ha puesto el listón en el derecho de autodeterminación y la intervención del Estado en el proceso judicial contra los presos. Dos asuntos que ni Sánchez se atrevería a afrontar. Instalado en el deseo de una confrontación entre Cataluña y España que justifique sus excesos y su huida, Puigdemont cree que para sus intereses -para su imagen en Europa y para "radicalizar" el proceso independentista- es mejor un Gobierno español que aplique mano dura. A Puigdemont, la amenaza de Sánchez se la bufa.