BBVA Research ha estimado que el crecimiento del PIB será este año más alto de lo que se suponía, y que eso será consecuencia de que no se hayan aprobado las cuentas de Sánchez. Según el grupo de estudios del banco, el PIB crecerá en torno al 2,4 por ciento frente al 2,1 por ciento que se estimaba con los presupuestos. Ocurre eso porque mantener la prórroga de los presupuestos de 2017 implica mantener unos presupuestos expansivos en la inversión pública, sin que eso impida la continuidad de las medidas del Gobierno de Sánchez adoptadas por decreto, que sin duda contribuyen a mejorar el consumo, como la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, el incremento de la paga de los funcionarios o el aumento de las pensiones más bajas. Los pensionistas seguirán cobrando el aumento de su pensión del tres por ciento en las mínimas, y del 1,6 general, aprobada por decreto ley el 28 de diciembre. Los funcionarios mantendrán la subida del 2,25 por ciento, también aprobada por decreto ley convalidado el 22 de enero. Y en cuanto al salario mínimo, está en vigor desde el 1 de enero. Esas medidas que excitan el consumo y colocan mayor circulante en la economía no tienen además enfrente ninguna de las incorporadas al presupuesto derrotado, que incluían subidas de impuestos a las empresas, el impuesto al diésel y la subida del IRPF a las rentas más altas, que -al menos este año- no llegarán a aplicarse. Los nuevos impuestos (la tasa Google o el impuesto a las transacciones financieras) no dependen de los presupuestos, pero su tramitación está empantanada en un Congreso en el que la derecha independentista catalana, cuando se trata de la pela, juega con las derechas españolas, y no con Sánchez.

Podría decirse entonces que todos muy contentos: más riqueza para el país, más dinero en los bolsillos y menos impuestos. Pero no es así: a nuestros hijos y nietos no les llega el contento. Porque el desfase entre el gasto previsto para atender los compromisos del Gobierno con los pensionistas y funcionarios no va a poder financiarse con nuevos ingresos vía impuestos, y acabará provocando un déficit morrocotudo -ya se cifra en torno a los 15.000 millones de euros más- que acrecentará la deuda a pagar en el futuro. Y todo eso a pesar de que este año se prevé un crecimiento importante del PIB.

Perderemos un año (al menos) para hacer frente al ajuste del déficit público. La propia ministra de Hacienda reconocía en el debate de los presupuestos que las cuentas suponían una renta indirecta de prestaciones y servicios públicos, superior a los cuatro mil euros per cápita. Perder esa renta implica, en palabras de Montero, elevar el déficit público hasta el 2,4 por ciento del PIB, frente al objetivo comprometido con Europa, que es del 1,3 por ciento del PIB. En términos de cuentas, la paradoja es que la totalidad del incremento del PIB de este año se transformará en déficit. Y España volverá a colocarse en el borde mismo de una intervención europea. Sánchez ha logrado con su política de pajaritos preñados -en solo ocho meses- hacer lo que Zapatero tardó ocho años en hacer?