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A BABOR FRANCISCO POMARES

Hechos probados

12/mar/19 6:25 AM
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1.- El 24 de junio de 2014, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna acuerda otorgar un préstamo de 120.000 euros a Autogrúas Poli, empresa que prestaba el servicio de grúas al ayuntamiento y que ya estaba intervenida por el mismo debido a su mala situación económica. Previamente, el Pleno de la Corporación lagunera, sin ningún voto en contra y con la abstención de Por Tenerife-Nueva Canarias y Unidos se Puede, había acordado la modificación presupuestaria que permitía iniciar el expediente para la concesión de ese préstamo. En la junta de gobierno no estaba presente el alcalde, Fernando Clavijo. Seis meses después, la empresa devolvió al ayuntamiento la totalidad del dinero con intereses, en un plazo muy inferior al fijado.

2.- El 12 de noviembre de 2015, el pleno del ayuntamiento acordó la creación de una Comisión Especial de Estudio sobre el servicio de grúas. La primera reunión de esa comisión tuvo lugar en mayo de 2016. Once meses más tarde, la oposición renunció a formar parte de la comisión, al comprobar que el resultado de la misma no iba a recoger su posición.

3.- El 18 de mayo de 2017, tres años (tres) después de que el Ayuntamiento de la Laguna otorgara el préstamo y ya con Clavijo en la Presidencia del Gobierno de Canarias, Santiago Pérez, concejal adscrito al grupo de Nueva Canarias, que defendió en el pleno el levantamiento del reparo para salvaguardar los puestos de trabajo de la empresa y que se abstuvo en la votación, presenta una denuncia contra Fernando Clavijo por haber concedido el préstamo.

4.- Un mes después, el 15 de junio del mismo año, la jueza Celia Blanco archiva el caso al no ver indicios de delito. Tampoco los vio el fiscal Santiago Sánchez, según consta en el dictamen emitido. En octubre de ese año, el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Astor Landete, obliga a la jueza Celia Blanco a reabrir el procedimiento argumentando que la jueza no había tomado declaración a todos los encartados. Como Clavijo es ya presidente del Gobierno y está aforado, la jueza eleva el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, quien lo devuelve a la jueza porque tampoco encuentra evidencias de delito.

5.- El 13 diciembre de 2017, la jueza vuelve a solicitar informe al mismo fiscal, Santiago Sánchez, para que vuelva a pronunciarse sobre el mismo caso en el que no había encontrado delitos unos meses antes. El fiscal tardaría ocho meses (ocho) en redactar un informe sobre un caso en el que ya se había pronunciado con anterioridad. Durante ese tiempo, la jueza se dirigió al fiscal dos veces más instándole a presentar el dictamen sin obtener ninguna respuesta. El fiscal rompió su silencio justo veinticinco días después del nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, tras la censura que ganó Pedro Sánchez. A partir de este momento, lo que hasta entonces había sido un procedimiento marcado por la lentitud, se acelera.

6.- El 27 de julio de 2018, el fiscal Sánchez emitió por fin su informe sobre el 'caso Grúas', donde entiende que Fernando Clavijo, al tratarse de una persona aforada, debe ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Es el mismo fiscal que había estudiado el caso con anterioridad y solicitado su archivo. El mismo que guardó silencio ocho meses a pesar de las peticiones de la jueza. Sánchez llevaba años solicitando, sin éxito, traslado a una plaza cercana a su lugar de nacimiento. Tras cambiar de criterio y emitir el informe, en cuestión de horas, fue aceptada su petición y trasladado a la Península de inmediato.

7.- El 8 de agosto, tras conocerse el nuevo informe del fiscal, la jueza solicita al fiscal del TSJC una exposición razonada y eleva la causa al Alto Tribunal canario. Demetrio Pintado, fiscal del TSJC designado para el caso, redacta un dictamen de quince folios en el que pide la absolución del presidente Clavijo porque no ve delito alguno. Ese informe está terminado a finales de agosto de 2018 y es entregado en mano a su superior, el fiscal jefe del TSJC, Vicente Garrido, el 7 de septiembre de 2018. Dos meses antes de que la reforma del Estatuto de Canarias se publicase en el Boletín Oficial del Estado. Garrido retiene dicho informe en una gaveta de su despacho durante esos dos meses.

8.- El 28 de octubre, seis días antes de que el Senado apruebe el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que retira el aforamiento a todos los integrantes del Parlamento canario, el fiscal jefe Garrido remite a la Fiscalía General del Estado el informe. Desde la Fiscalía se decide entonces descartar el informe de Pintado, que absuelve a Clavijo, argumentando que el TSJC no es competente, al entrar en vigor el Estatuto de Autonomía, y se solicita que se devuelva de nuevo el caso al juzgado de La Laguna.

9.- El 7 de febrero de 2019, ante un recurso de los abogados de Clavijo, el TSJC opta -dos votos a uno- por devolver el caso a La Laguna, con el pronunciamiento en contra del presidente del tribunal. Veinte días después, Clavijo es llamado a declarar en el juzgado de La Laguna en calidad de investigado. La oposición al Gobierno, mayoritaria en el Parlamento, exige que Clavijo declare de nuevo ante la Cámara, después de haberlo hecho en septiembre. Lo hará hoy.

Hasta aquí la relación de hechos que acompañan a este procedimiento judicial. Todos son contrastables, objetivos, fácilmente verificables. ¿Cómo interpretar esta cadena de decisiones? Me inclino por aplicar el Principio de parsimonia, más conocido como navaja de Ockham, en honor al fraile franciscano, filósofo y lógico escolástico Guillermo de Ockham. El principio explica que "en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable".

¿Y cuál es la explicación más simple? La ofrece con frecuencia el propio denunciante, Santiago Pérez, que ha ido adelantando a través de algunos medios de comunicación las decisiones de la fiscalía o de la judicatura. Pérez ha asegurado que este caso no será resuelto en un juzgado de La Laguna, sino que ha de ser juzgado por Astor Landete -el juez que decidió reiniciar un caso ya sobreseído- en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Después de las elecciones. ¿Será eso lo que ocurra? Algunos llevamos diciendo que todo apunta en esa dirección, y que la única explicación a este procedimiento culebreante y lastrado por la política es precisamente esa: que a nadie le preocupa realmente probar si hubo alguna irregularidad o delito en la concesión del crédito a Autogrúas Poli, sino impedir que Clavijo sea un candidato viable.

A BABOR FRANCISCO POMARES