El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife (Coiitf) denunció ayer en un comunicado que "se están expidiendo certificados de eficiencia energética sin que el técnico visite el inmueble y realice las mediciones que exige la norma".

En concreto, los profesionales deben medir el consumo de energía, emisiones de CO2, calidad del aire, condiciones de control térmico y lumínico, gasto de calefacción, estudio de sombras, y envolvente térmica para poder emitir este certificado obligatorio desde el pasado 1 de junio para la venta o alquiler de inmuebles.

El decano del Colegio, Juan Linares Feria, alerta en la nota de prensa de que "se está produciendo una devaluación del certificado energético. Se emiten certificaciones con unos precios por servicio que no garantizan la precisión necesaria, ni la medición presencial de quien la realiza. Esta práctica perjudica al propietario, ya que obtendrá una etiqueta energética que no se corresponde con la eficiencia real de su inmueble".

Otras malas prácticas que denuncia el Colegio es que "se garantiza de antemano al propietario o arrendador una certificación energética determinada".

En ese sentido, el decano del Coiitf asegura que "es imprescindible el control y cumplimiento de este real decreto porque de lo contrario el certificado energético se convertirá en una tasa innecesaria e inútil".

Desde la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias confirmaron a este periódico que hasta ayer solo cerca de 13.000 inmuebles en el Archipiélago cuentan con su certificado de eficiencia energética.

Respecto a la denuncia realizada por el Colegio de Ingenieros, las mismas fuentes de la Consejería aseguraron que no cuentan con datos de este tipo de irregularidades, aunque anunciaron que comenzarán de forma inmediata a realizar las inspecciones correspondientes para comprobar que todos los inmuebles puestos en venta o alquiler cuenten con su "etiqueta" y que esta se haya emitido tal y como establece el Real Decreto 235/2013.

Además, recordaron el incumplimiento de la norma establece sanciones leves y graves para los técnicos que expidan la certificación y los propietarios y arrendadores de inmuebles, que oscilan entre los 300 y 6.000 euros.

La Consejería de Industria del Gobierno de Canarias confirmó ayer que hasta ahora solo cuentan el certificado de eficiencia energética cerca de 13.000 inmuebles en el Archipiélago.