Casi 200 nuevas plazas de profesorado ayudarán a reflotar las universidades canarias

El Estado y Canarias han dotado a las universidades isleñas de casi 188 plazas de ayudante doctor para aumentar su plantilla en aras de que puedan afrontar las exigencias de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) –que genera nuevas obligaciones que elevan el coste de la plantilla docente–, al tiempo que ponen freno a las jubilaciones masivas que ambas afrontan por el progresivo envejecimiento de las plantillas. 

Este aumento de las plantillas se encuadra en la puesta en marcha en el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas, con el que el Gobierno de España, en conjunto con la comunidad autónoma de Canarias financiará la contratación de 188 profesores ayudantes doctor que empezarán a trabajar en las universidades en el curso 2024-2025 por un plazo máximo de seis años. 

En este sentido, incluso en el caso de que los profesionales ascendieran antes en su carrera científica, el Ministerio y la comunidad seguiría financiando parte de su contrato hasta finalizar el periodo establecido. Pasado ese tiempo, la universidad será la responsable de estabilizar al personal con sus fondos propios. 

De las 188 plazas que se sacarán a concurso para el próximo curso académico, 113 son financiadas directamente por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que estima un gasto de cinco millones de euros anuales a este respecto y otras 75 corresponden al cupo del Gobierno de Canarias. En este caso, la Administración canaria invertirá un total de tres millones de euros anuales para poner en marcha esta medida. 

La medida supone una inversión de 8 millones anuales en las Islas, y hasta 48 millones en 6 años

Esto significa que en seis años las dos universidades canarias recibirán 48 millones de euros para poder renovar las plantillas y poder rearmar la educación superior. Por lo pronto, el Ministerio de Ciencia desembolsará 1 millón de euros para financiar los primeros contratos entre septiembre y diciembre. 

«Es una gran noticia», valora Alfonso Ruiz, vicerrector de PDI de la Universidad de La Laguna (ULL) que es la más beneficiada con un total de 105 plazas nuevas. El aumento de la plantilla va a suponer una bomba de oxígeno para el centro académico de la ciudad de Los Adelantados, pues las jubilaciones masivas de la generación del baby boom, unida a la falta de fondos, han derivado en un importante déficit de plantilla. 

«Para solventarlo y no influir en la formación, nos hemos visto obligados a sobrecargar el personal», admite Ruiz. Estas nuevas incorporaciones permitirán al centro solventar gran parte de los problemas que arrastra desde hace casi un lustro. 

«Con esta oferta podremos conseguir cubrir la mayor parte de las plazas que han quedado vacantes», adelanta Ruiz, que indica que también permitirá cumplir los requerimientos de la LOSU. «La nueva ley nos obliga a que los profesores impartan un máximo de 24 créditos. Hasta ahora ese límite estaba 32 y nosotros tenemos a algunos docentes con cargas de hasta 40 créditos», insiste el vicerrector. 

El número de contratos destinados a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ascienden a 83. «Este programa atiende exclusivamente a dos de los tres cambios en la dedicación del profesorado universitario que nos ha exigido la LOSU», recalca Cecilia Dorado, vicerrectora de profesorado de la ULPGC. Los cambios a los que se refiere son disminuir la dedicación del profesorado asociado a tiempo parcial y del profesorado ayudante doctor.

La diferencia de plazas entre ambas universidades tiene su origen en la forma en la que cada una ha afrontado, dentro de su escaso margen de acción, las jubilaciones masivas. «Nosotros hemos optado por esa sobrecarga del personal», revela Ruiz. Mientras, la ULPGC ha preferido gestionar la crisis contratando a nuevos docentes en el régimen de profesor asociado temporal. Esta figura se regulariza en la LOSU obligando a que todos los profesores en este régimen tengan una dedicación de 120 horas anuales y sean indefinidos. Por lo tanto, también requiere un nuevo marco para afrontar las necesidades de la universidad.

En este sentido, el Ministerio de Ciencia ya ha anunciado un proceso de estabilización masivo que tiene razón de ser en esta figura contractual. «Ahora hay que dar otro paso tan importante como este con la firma de los convenios para que el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas nos comprometamos a hacer todos los cambios necesarios en las universidades para bajar la temporalidad del 49% actual de media al 20%, que es el objetivo marcado en la LOSU», manifestó la responsable de la cartera de Ciencia y Universidades, Diana Morant.

En este otro proceso, la ULPGC saldrá mejor parada. «Nosotros tenemos pocos trabajadores en ese régimen», revela Alfonso Ruiz. 

Por lo pronto, ambas universidades afirman que podrán convocar parte de las plazas tan pronto como se firme el convenio a tres partes (Ministerio, comunidad autónoma y universidades). La ULL no entra a calcular cuántas se podrán convocar en esta primera fase. La ULPGC, por su parte, concreta en 50 las primeras plazas que podrá sacar adelante «tan pronto se haga efectiva la transferencia económica». «Estamos ultimando la aprobación del reglamento interno que exige cambios LOSU en el procedimiento de selección y estaremos listas para proceder a convocar dichas plazas desde que sea posible», relata Dorado. 

Más financiación

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha destacado la importancia de este acuerdo que se ha alcanzado gracias a las reivindicaciones del ejecutivo canario, «aunque, continuaremos luchando para que se aumente la financiación tanto en las plazas de profesorado como en otros aspectos necesarios para la implementación de la LOSU», apunta Machín.

«La consolidación de las plazas docentes garantiza y propicia la calidad en la formación, siendo un factor incidirá positivamente en la cualificación del estudiantado de las islas y en la generación de talento», añade la consejera.

Oposiciones propias

Hasta ahora ambas universidades han estado trabajando para publicar nuevos contratos a través de fondos propios. En este sentido, la ULPGC ha intentado mantener el ritmo de convocatoria de entre 20 y 25 contratos al año para afrontar el reemplazo generacional. Por su parte, la ULL publicó a finales del curso pasado una macro-oferta de empleo dotada de más de 100 plazas de distintas categorías. 

Sin embargo, desde las universidades defienden la necesidad de poner en marcha un Contrato Programa que determine la financiación necesaria para afrontar el aumento de plantillas o su mantenimiento a largo plazo. «Esto ocurre ya en otras comunidades cuyos gobiernos autonómicos han hecho un esfuerzo ingente en términos económicos por dotar a sus universidades de recursos que hagan viable la evolución de sus plantillas», destaca Dorado.

Sin embargo, en Canarias el último Contrato Programa finalizó hace más de una década, en 2013. En este sentido, Dorado critica la falta de interés por parte del Gobierno. «Creo que no se está teniendo en cuenta el gran esfuerzo que ha hecho la sociedad canaria por tener dos universidades públicas, de máxima calidad y referentes a nivel nacional e internacional, accesibles a toda la sociedad independientemente de su condición social o económica», concluye. 

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