Conrado Domínguez se acoge a su derecho a no declarar en el Senado por ser testigo en unas actuaciones judiciales secretas

El exdirector del Servicio Canario de Salud es testigo en la investigación que sigue la Fiscalía Europea en el 'caso Koldo'

El exdirector general del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez.

El exdirector general del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez. / EFE

El exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones de la trama Koldo porque es testigo en unas actuaciones judiciales secretas, la investigación que sigue la Fiscalía Europea por el 'caso Koldo'.

Así lo ha adelantado el propio Conrado Domínguez al inicio de su comparecencia en la comisión de investigación de este miércoles, donde ha explicado que ha remitido un burofax a los miembros de este foro del Senado en el que exponía sus motivos por los que no iba a declarar.

Y es que Conrado Domínguez está siendo investigado por la Fiscalía Europea en el 'caso Koldo', en el que se indaga en los cuatro millones de euros pagados durante la pandemia a una empresa por un millón de mascarillas que no llegaron a ser recibidas.

El exdirector del Servicio Canario de Salud es testigo en la causa que investiga la Fiscalía Europea sobre los concursos del Gobierno de Canarias para adquisición de material sanitario durante la pandemia, concursos en los que presuntamente se emplearon fondos europeos indebídamente. Domínguez presentó su dimisión en noviembre de 2022, tras dos años en el cargo durante el Gobierno autonómico del socialista Ángel Víctor Torres.

Archivo - El exdirector del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez.

El exdirector del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez. / GOBIERNO DE CANARIAS

En concreto, el Ministerio Público europeo pone la lupa en el pago de cuatro millones de euros por adelantado a la empresa RR7 United por mascarillas que nunca fueron entregadas. De hecho, fueron destruidas por agentes de Aduanas en el Puerto de la Luz tras llegar en un cargo procedente de Etiopía y constatarse que estaban falsificadas. Pero para Europa lo importante del caso es el uso indebido de fondos europeos que tenían que emplearse en el fin para el que fueron otorgados.