Propuestas imbéciles e imbéciles respuestas

El portavoz del PP en el Congreso, pidió ayer que la Armada intervenga para frenar la llegada de inmigrantes africanos a las costas españolas. Miguel Tellado, se descolgó en Antena 3 con una propuesta que en nada contribuye a resolver el problema migratorio, y que puede agravarlo. La petición del PP se suma a la de Vox, que ya ha solicitado en otras ocasiones el bloqueo militar de las rutas marítimas, una medida que hasta ahora sólo ha sido planteada en Italia -tras la crisis de Lampedusa- por Meloni, que desistió de una fórmula cuya efectividad real para frenar la emigración es nula.

En Antena 3, Tellado dijo que el Gobierno “puede” utilizar la Armada para defender las fronteras y desplegar una fuerza militar que impida que los cayucos salgan al mar y lleguen a España. Sinceramente, la propuesta demuestra un desconocimiento notable del derecho marítimo en tiempos de paz. El siempre conciliador Patxi López se preguntaba ayer si lo siguiente que pedirá el PP es bombardear a los cayucos, pero -desechada esa posibilidad- es harto dudoso que nuestros vecinos continentales permitan a una fuerza militar española patrullar dentro del límite de sus aguas territoriales. Y en aguas internacionales, la Armada no puede hacer otra cosa que recoger y atender a las personas cuyas embarcaciones intercepte, y traerlas a suelo español.

La Armada ya intervino en la crisis de 2006, cuando Canarias sufrió la primera llegada masiva de inmigrantes africanos, con cifras que eran la mitad de las actuales. Su intervención se centró en auxiliar a los cayucos que se perdían en el trayecto o naufragaban, rescatar a sus tripulantes y pasajeros y traerlos a las islas. Pretender que el Ejército español asuma una función diferente a esa es no tener ni idea de lo que es hoy el Ejército.

Lo que España está viviendo es una crisis humanitaria que sobrepasa la capacidad de respuesta de las autoridades locales. Es falso que estemos preparados –como ha dicho nuestro ínclito Delegado del Gobierno, Anselmo Pestana- para hacer frente a lo que se nos puede venir encima. Ni lo estamos ni parece probable que podamos estarlo si no se destinan los medios necesarios, y quien puede y debe hacerlo es el Estado, porque esto es una situación de emergencia, ante la de debe reaccionar el Estado: la que supone el colapso de los sistemas de acogida para los menores, pero también la que representa la duplicación del número de adultos.

En toda Europa se ha disparado la inmigración, que responde a muchísimos factores sociales y económicos, y se agrava como resultado de las crisis del Sahel, de Ucrania, Sudán y Siria. Cada una de esas emigraciones tiene características propias, pero conviene recordar que los irregulares que llegaron de África fueron algo menos de 60.000 el año pasado, mientras en los tres últimos se han instalado legalmente en España 210.000 ucranianos, huyendo de la guerra con Rusia. El año 2023, el ochenta por ciento de los inmigrantes africanos entraron por Canarias. Los acuerdos con Marruecos blindaron la ruta del estrecho, y sellaron las fronteras de Ceuta y Melilla, una de las principales preocupaciones diplomáticas del Gobierno. Eso produjo la derivación de miles de personas hacia la ruta canaria, que en lo que va de año han recorrido ya veinte mil personas, una cifra que podría llegar a duplicarse -o incluso más- en los meses del verano hasta fin de año. Entre los que llegan, cada vez hay más menores. Algunos se declaran adultos en Canarias, y cuando son trasladados a la península exigen ser reconocidos como menores, porque lo que realmente desean no es quedarse en Canarias, sino dar el salto a Europa. A pesar de eso, sion tantos los que se quedan aquí que en este año se han habilitado hasta 50 centros más para la atención de menores, casi triplicando los que había el año pasado. Pero no es suficiente: ya se están instalando carpas en los muelles de las islas, para que los chicos que llegan no queden a la intemperie. Porque nada apunta a que la situación vaya a mejorar.

Y es en ese contexto en el que los partidos tienen que retratarse. Todos: la responsabilidad de enfrentar esta situación es del Estado, y el Estado es el Gobierno y son las autonomías. Más allá del ruido, el PP ha anunciado su intención de colaborar si todas las regiones lo hacen, si hay financiación real, y si se declara situación de emergencia, que el PSOE se negó a apoyar la semana pasada. Y el Gobierno tiene que implicar a sus socios y apoyos: no es tolerable que se exima a catalanes y vascos el cumplimiento de la ley que se pretende aprobar tras la conferencia sectorial del día 10. Canarias acepta ocuparse de un tercio más de menores de los que le corresponderían. Pero aquí tiene que ser o todos o todos. Y dejarse de politiquería miserable: la situación es lo suficientemente complicada como para que Sus Señorías se entretengan con propuestas (y también respuestas) que rozan la imbecilidad, y que sólo persiguen el aplauso de las propias clientelas y parroquias.

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