Contra el fango y los pseudomedios

La Eurocámara aprobó el pasado mes de marzo la nueva ley para proteger a periodistas y medios de comunicación de interferencias políticas o económicas. La ley, votada por aplastante mayoría establece que los Estados miembros están obligados a proteger la independencia de los medios, y prohíbe cualquier intervención del Estado en las decisiones editoriales. No se podrá presionar a los periodistas y editores para obligarles a divulgar sus fuentes, y no se podrá detener a periodistas y editores por motivos relacionados con lo que publiquen, ni hacer búsquedas en sus oficinas o instalar programas de vigilancia en sus dispositivos electrónicos. Solo previa autorización judicial y en el caso de delitos graves -sancionados con pena de cárcel- podrán ser investigados los periodistas, o intervenir sus teléfonos. Y además deberán ser informados de que se les vigila y podrán defenderse ante los tribunales.

Pero al margen concreto de la protección del ejercicio profesional, quizá lo más importante de la nueva ley es que perseguirá el uso político de los medios de comunicación públicos. Sus directores y consejos de administración deberán ser seleccionados mediante procedimientos transparentes y no discriminatorios, y por mandatos que superen las legislaturas en curso, y no podrán ser despedidos por pérdida de confianza antes de que finalice su contrato, salvo por incumplimiento profesional grave. La financiación de los medios públicos será transparente, basada en mecanismos reglados y objetivos.

En cuanto a los medios privados, la Ley también implementa medidas para garantizar la transparencia, favoreciendo que el público sepa quines son los propietarios reales de cada medio de comunicación y –por tanto- los intereses qué pueden influir en la información que estos difunden. Todos los medios informativos, al margen del tamaño que tengan- incorporarán a una base de datos de ámbito nacional la identidad de sus propietarios, incluso si son parcial o totalmente de titularidad pública. Los medios tendrán además que informar de forma clara y precisa sobre los fondos públicos que reciban –subvenciones, contratos, publicidad…- incluidos los fondos que reciban de países no comunitarios, para evitar la dependencia exterior o la injerencia de potencias extranjeras. La ley establece que las ayudas y subvenciones públicas que reciban medios y plataformas tendrán que ser asignadas a estos con criterios públicos, proporcionados y no discriminatorios. La información sobre el gasto público en publicidad deberá incluir obligatoriamente la cantidad total destinada cada año a financiar a los medios, y también las cantidades que cada medio recibe. Por último, la Ley incluye también mecanismos para proteger a los medios del abuso o la discriminación de plataformas en línea como X, Facebook, o Instagram y para que los medios dispongan de un organismo de resolución extrajudicial de litigios, al que puedan acudir para resolver conflictos y presentar denuncias.

La nueva ley europea es un marco para mejorar la libertad de expresión, aplaudido por los propios medios de comunicación. Pero para Pedro Sánchez no es suficiente: el pasado lunes, anunció sus medidas contra los pseudomedios y el fango, que presentará el próximo 17 de julio, y que incluyen el establecimiento de un máximo de financiación pública para los medios, y una modificación de la ley de publicidad institucional para evitar que llegue dinero a los pseudomedios críticos con su Gobierno. Sánchez no hizo referencia alguna a la corte de medios palmeros, ni al sistema que ha de diferenciar un medio financiable de un pesudomedio que no lo sea, más allá de explicar que los pseudomedios carecen de lectores (lo que hace bastante inexplicable su interés por silenciarlos). La ‘ley Sánchez contra los pseudomedios también incluye la reforma de las leyes orgánicas del derecho al honor, y del derecho a la rectificación, que se endurecerán.

En la presentación de las medidas, que parecen asemejarse a la Ley de Medios de Argentina -una barrabasada de la etapa kirchnerista, que pretendía silenciar a la prensa hostil-, mucho más que a la nueva Ley europea, Sánchez aseguró que su proyecto es un desarrollo de la nueva normativa comunitaria, pero no hizo la más mínima referencia ni al control democrático y la transparencia de los medios de titularidad pública –las televisiones-, ni a su financiación, ni al procedimiento para decidir qué medios deben recibir publicidad institucional y subvenciones y cuáles no.

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