No querrías que tus hijos vivan así

La violencia está enquistada en niñas, niños y adolescentes. Llueven palos por todos lados: centros de acogida saturados, pésimas condiciones en algunos de ellos, los traslados a España se debaten como si fuesen una amenaza y el racismo se organiza para salir a manifestarse en las calles. Por si fuera poco, aunque la Fiscalía aseguró que no lo permitirá, está previsto que algunos muelles alberguen carpas para acoger a los niños que lleguen en patera a Canarias. Con el peligro que eso supone de convertirse en un segundo Arguineguín para menores.

Los centros de acogida canarios hace mucho que superaron el límite de su capacidad: 6.000 niños en espacios destinados para 2.000, como mucho 2.500. No es porque sean demasiados, sino porque las comunidades de España (y otros países) no han tomado su parte. Porque el Archipiélago, como frontera sur, se utiliza para ejercer el bloqueo.

El próximo 18 de julio, la reivindicación histórica del Gobierno de Canarias por el reparto de menores se debatirá en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Ahí se pondrá sobre la mesa la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería sobre menores no acompañados, previamente a la tramitación parlamentaria. Por decirlo más simple: se verá si el reparto obligatorio tiene futuro.

Que Vox se oponga en rotundo (y amenace al PP con romper pactos) no es sorpresa. En cuanto al PP, con un posicionamiento medio a favor medio ambiguo, hay que esperar. La rama canaria del partido tiene claro que este cambio es necesario, pero hay un muro de contingencia generalizado en el resto del Estado, más en unas autonomías que en otras, que deja entrever una percepción errónea de que la gestión migratoria es cosa de Canarias. Como si, por llegar aquí, debieran quedarse aquí por siempre.

La negativa de Catalunya tiene muchos matices. La Generalitat argumenta que ya acogen a muchos menores y que extienden el seguimiento hasta los 23 años, entre distintos apoyos adicionales que no ofrecen otras comunidades. Aunque esto es cierto, sus cifras siguen siendo mucho menores que las de Canarias, a pesar de tener más recursos. Y lo que no dicen, por contra, es que la capital catalana está imbuida en unas “políticas represivas”, como apuntan varios colectivos, que atacan a los manteros y a las personas sin hogar. Más de la mitad de la gente que duerme en las calles de Barcelona son migrantes, entre los que, también, hay menores que quedaron al margen del sistema.

Este es el Plan Endreça (ordenar, limpiar), que lleva un año en vigor enmascarando racismo y aporofobia bajo la premisa de limpieza, seguridad y civismo. Entre otras cosas, aumentando sanciones, endureciendo ordenanzas que regulan el uso de la calle o acosando a los vendedores ambulantes, a quienes violentan y requisan sus productos. “Solo nos queda la calle y nos echan. También somos ciudadanos de Barcelona”, declaró el Sindicato Mantero al diario Tot Barcelona.

Catalunya y Canarias tienen varias características en común. Una de ellas es la turistificación que, entre otras cosas, encarece la vivienda. Hace poco, dos hermanas se suicidaron en Barcelona porque tenían una deuda de 9.000 euros y no podían pagar el alquiler. La sociedad se harta, se indigna, se enfada y se entristece con toda la razón, pero a menudo culpa erróneamente a las personas migrantes. Gente que ni tiene la culpa, ni recibe más ayudas, ni encarece el precio de las viviendas: lo hacen Airbnb y los alquileres vacacionales.

Así se está organizando el odio en Canarias. Ante una situación preocupante y violenta que precariza a la gente, hay quienes buscan un chivo expiatorio en las personas migrantes. Ese odio no entiende de menores, no entiende de vulneración de derechos, no entiende de solidaridad. Todo le parece una invasión.

La idea de regular el reparto de menores -insisto, recalco, subrayo con amarillo fluorescente- no es quitárselos de encima, pasar el testigo a otro territorio. No. El objetivo es dar a estos niños, niñas y adolescentes las condiciones de vida que necesita cualquier persona de su edad. Atenciones que no se les están dando por falta de personal y escasez de recursos, además de varios escándalos de maltrato, amenazas, explotación y corrupción en varios centros de menores.

No queremos que nada de esto se siga repitiendo. Por eso, cuarenta abogadas y abogados han advertido de que la convocatoria de mañana, en Gran Canaria, puede ser constitutiva de delito de odio y manifestación ilícita. Por eso las abogadas Loueila Sid Ahmed e Irma Ferrer trasladaron a la Fiscalía las malas condiciones del centro de acogida la Casa del Mar. Por eso la Fiscalía se niega a que se instalen carpas en los muelles.

Sin embargo, mientras se debate si repartir o no, hay menores que encadenan meses sin estar escolarizados, viviendo en condiciones indignas, en unos centros donde nadie debería vivir.