Inyección de 41 millones de capital extranjero en el negocio inmobiliario en Canarias

Los canarios hace ya tiempo que sufren la diabólica combinación de una lacerante falta de viviendas y un cada vez mayor número de ciudadanos y familias en busca de una casa donde emanciparse, en el caso de los jóvenes, o donde fundar un hogar. La oferta de inmuebles es tan ridícula como extraordinaria es su demanda. Un problema social de primer orden que, al mismo tiempo, es una gran oportunidad de negocio para todas las empresas del sector inmobiliario: agencias, promotoras, constructoras... Al fin y al cabo, esa es la razón de ser de cualquier firma: cubrir una necesidad –que en este caso sería incrementar la oferta de vivienda– y obtener de ello rentabilidad y, si es posible, beneficios. Pues bien, tras años de apatía caracterizados por enormes retrasos en la concesión de licencias de obra –hay ayuntamientos del Archipiélago que han tardado hasta tres o cuatro años en expedir el permiso– y por una casi inexistente promoción pública de vivienda, los inversores empiezan a moverse. Hasta 41 millones de euros de capital foráneo se inyectaron solo en el primer trimestre de 2024 en el sector inmobiliario de las Islas, una cifra que por sí sola no dice gran cosa pero que es más que considerable.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, viene insistiendo en que la Administración pública no puede solucionar por sí sola la carestía de pisos y casas que padece la región. O la iniciativa privada se implica, o la falta de inmuebles seguirá siendo uno de los grandes problemas de las Islas no ya durante los próximos años, sino durante las próximas décadas. Y para que el sector privado se implique es necesario darle incentivos, o al menos no ponerle trabas por el camino. Ese es el espíritu del decreto de medidas urgentes en materia de vivienda: minimizar la burocracia, simplificar los trámites, aligerar las licencias e incentivar a las empresas del ramo a construir casas de protección oficial. Y aun así, la carestía de inmuebles es de tal magnitud que paliarla –solucionarla es imposible a corto e incluso medio plazo– exigirá levantar viviendas y más viviendas no solo de promoción o protección públicas, sino también de iniciativa privada. No en vano, en el Archipiélago no hay casa para nadie, o casi: faltan pisos para que los jóvenes isleños se emancipen, faltan inmuebles para las familias, faltan viviendas en venta, faltan también en alquiler..., y la demanda, es decir, la población residente, no ha dejado de crecer ni en los períodos de crisis económica. De ahí que esa inyección de 41 millones en el negocio inmobiliario durante el primer trimestre del año –es la mayor cantidad de la historia en un arranque de ejercicio– se presente, aunque es pronto para corroborarlo, como un posible cambio de tendencia.

Lo cierto es que los inversores «se están empezando a arriesgar», explica el delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), Isidro Martín. «Se están empezando a arriesgar», insiste Martín –uno de los analistas que más y mejor conoce el tensionado mercado de la vivienda del Archipiélago–, «y de hecho son quienes están tirando del carro», agrega.

Cinco veces más

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó este viernes las cifras de la inversión extranjera en cada comunidad autónoma durante los tres primeros meses de 2024. De acuerdo con la estadística oficial, la economía canaria recibió en ese período una inyección de 43,5 millones de euros de capital foráneo. Una suma más que notable para una región que, como las Islas, no precisamente se caracteriza por tener gran atractivo para los inversores internacionales. Sin ir más lejos, en el primer trimestre de 2023 apenas aterrizaron en el Archipiélago procedentes del exterior –de fuera de España– unos exiguos 8,2 millones. En definitiva, la inversión extranjera en Canarias se incrementó entre enero y marzo, en términos interanuales, la friolera de un 431%, hasta más que quintuplicarse. Con todo, lo más llamativo no es tanto el aumento del capital foráneo, siempre sujeto a múltiples factores y vaivenes, como la concentración de casi toda la inversión en una sola actividad: la construcción de edificios. De esos 43,5 millones de euros que llegaron a la comunidad provenientes del exterior en los primeros meses del ejercicio, hasta 40,9 millones se invirtieron en el negocio de la edificación. Más en concreto en el subsector de la promoción inmobiliaria, que abarca todas las etapas que terminan en la comercialización del inmueble, esto es, desde la compra o adquisición de los terrenos hasta la construcción del edificio y su posterior venta.

El delegado de la APEI en Canarias puntualiza, eso sí, que entre esos más de 40 millones de capital extranjero destinados para promoción inmobiliaria hay «mucho vehículo inversor» con interés en el negocio del alquiler y el alquiler asequible, cada vez más demandado por una población asfixiada por la inflación y carente de una oferta acorde con unos salarios que se mantienen entre los más bajos de España. Además, Martín también precisa que una parte de la inversión se dirige a la rehabilitación y remodelación de viviendas, no estrictamente a obra nueva, y otro tanto, a promociones de lujo y alto standing, o al menos a inmuebles que no forman parte de la solución al problema global de la falta de casas. «Promociones de muy alto nivel», continúa el representante de la APEI. En cualquier caso, Isidro Martín valora que la inversión foránea llegase en el primer trimestre a una cifra tan alta, pero «lo necesario ahora es consolidar la tendencia».

Desde la asociación de expertos APEI afirman que es el sector privado el que está «tirando del carro»

Y para ello, añadió, es clave acabar con situaciones tan indefendibles como que una mera licencia de obra pueda llegar a demorarse «entre tres y cuatro años», lamenta el también secretario de la junta directiva de Fepeco, la patronal de la construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. De hecho, y al margen de esos casos extremos en que los promotores se han pasado cerca de un lustro tocando a las puertas del ayuntamiento de turno, en los consistorios del Archipiélago se tarda una media de algo más de un año en tramitar y expedir una licencia, cuando en la normativa se habla de un máximo de tres meses para dar un permiso de obra mayor y de un mes para una autorización de obra menor. Es solo un ejemplo de la maraña burocrática que la patronal de la región, la CEOE-Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios, lleva años denunciando. La misma que ha dilatado el período medio de maduración de las inversiones –el tiempo transcurrido entre el proyecto empresarial y su puesta en funcionamiento– incluso más allá de los diez años.

Por eso reducir la burocracia es vital para que la construcción de casas se agilice. De poco servirán esos 41 millones inyectados en el sector inmobiliario a comienzos de año si para sacar adelante los proyectos hay que sufrir un calvario administrativo. Ese es el camino más corto para espantar al capital privado, sin el cual no habrá solución a la carestía de la vivienda.

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