Repartirse el pastel

Más de cinco años: el mandato del actual Consejo de gobierno de los jueces -el CGPJ- concluyó en diciembre de 2018 y nada hacía presagiar entonces que se pudiera producir un bloqueo que ha durado más de cinco años. Antes del vencimiento del plazo, el PSOE de Sánchez y el PP, entonces presidido por el efímero Pablo Casado, negociaron sin problema alguno un acuerdo de renovación que implicaba repartirse los 19 vocales del Consejo: 11 para la izquierda (PSOE y aliados) y ocho para el PP. El primer error consistió en anunciar públicamente que el presidente sería el magistrado Manuel Marchena. La elección es competencia del Consejo y no de los partidos, y plantear el asunto a las claras suponía reconocer explícitamente la intervención política en el gobierno del CGPJ. El segundo error, mucho más grave -y determinante para la ruptura-, fue un guasap del popular Ignacio Cosidó, en el que se decía sin disimulo alguno que el acuerdo permitía además al PP controlar la Sala Segunda del Supremo “por detrás”. El escándalo fue de tales proporciones que el acuerdo entre socialistas y conservadores saltó por los aires, con hipócritas acusaciones mutuas de instrumentalización y politización de la Justicia.

El juez Marchena renunció airadamente a asumir la Presidencia del Consejo, y un Casado avergonzado decidió lavar la responsabilidad de su partido en el reparto de cromos con Sánchez, exigiendo que una parte sin determinar de los vocales fueran a partir de entonces elegidos directamente por las asociaciones judiciales, sin intervención parlamentaria más allá de lo meramente formal.

La propuesta de que los jueces se elijan a ellos mismos, presentada por el PP como una apuesta por la independencia judicial, pero de clara inspiración corporativa, se convirtió inmediatamente en la línea roja que la izquierda -contraria a dejar fuera del Parlamento cualquier designación de representantes en el órgano de gobierno de los jueces- se ha negado a cruzar estos últimos cinco años.

Hubo intentos de llegar a acuerdos, pero ninguno llegó a prosperar, y de hecho se dinamitaron todas las posibilidades de entendimiento cuando el Gobierno, incapaz de articular una mayoría cualificada como la que se precisa en el Parlamento para elegir a los jueces, decidió suprimir esa mayoría. La intención de romper con el mecanismo tradicional de elección del Consejo fue denunciada por el PP en ámbitos europeos y provocó la pronta intervención de Bruselas, advirtiendo al Gobierno de Sánchez del riesgo de actuar unilateralmente. El Gobierno se vio forzado a frenar en sus deseos de modificar el sistema de elección, pero desde entonces, -para vergüenza de toda la clase política española- el bloqueo se mantuvo hasta sumar más de dos mil días. Hasta ayer.

Ayer, PSOE y PP han encontrado la fórmula de Fierabrás que no supieron acordar durante más de cinco años. El sistema es tan simple que abochorna: han decidido repartirse la representación en el Consejo a partes iguales. Diez jueces que el PSOE se ha repartido a Sumar, serán nombrados a propuesta del PSOE, y otros diez propuestos por el PP; más el acuerdo de encargar al propio Consejo un sistema para la elección directa de “jueces por los jueces” que se -aprobará en el Congreso con los votos de los partidos mayoritarios.

El acuerdo -considerado por PSOE y PP el único posible para desatascar la situación- incluye que el presidente de los jueces sea elegido por los vocales del CGPJ con una mayoría cualificada (un mínimo de 13 votos) y también que el PSOE apoye al candidato propuesto por el PP para la vacante del Tribunal Constitucional, resolviendo así otro de los impasses -éste responsabilidad del PSOE- que desprestigian el sistema judicial español.

Cuando algo que parecía imposible se arregla, es razonable sentir alivio e incluso satisfacción. Pero no se debería dejar de lado que el arreglo ha sido forzado por la intervención de la Unión Europea (una penosa constatación) y -sobre todo-, el hecho de que un bloqueo que ha provocado dilaciones inaceptables en el funcionamiento de la Justicia, perjudicado a miles de ciudadanos en sus legítimas aspiraciones de una Justicia eficaz y justa, ocasionando gastos que el Gobierno cifra en hasta 70 millones de euros… que este penoso asunto que ha encanallado durante dos mil días la vida política española, se haya resuelto en un par de negociaciones apresuradas, simplemente repartiéndose el pastel a partes iguales.

Si ésta era toda la dificultad del arreglo, podían haberlo resuelto muchísimo antes.

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