La Audiencia de Cuentas tendrá una nueva ley tras cerrar la renovación de sus cargos

Una envejecida Audiencia de Cuentas (el 70 % de su plantilla se jubilará en los próximos años) afrontará en la presente legislatura tanto el reto de su modernización (al menos el 50% de los futuros auditores deberán tener "perfil informático") como el de someterse a una modificación de la Ley que la regula y que no ha sido reformada desde hace 35 años. Para ello, los grupos parlamentarios decidieron en septiembre esperar a que el organismo fiscalizador se renueve, un proceso que ayer dio su primer paso tras el respaldo unánime conseguido por los cinco aspirantes a ser consejeros: Pedro Pacheco (que repetirá como presidente), Luis Ibarra, Almudena Estévez, José Estalella y Verónica Domínguez. El próximo 8 de mayo será cuando el pleno parlamentario los nombre consejeros de manera oficial.

El propio Pacheco, así como los aspirantes Ibarra y Estalella y los portavoces José Miguel Barragán (CC) y Manuel Hernández (PSOE) se refirieron al cambio legislativo durante sus intervenciones en la comisión parlamentaria que examinó a los candidatos. Aunque aún está en fase embrionaria, la idea es que la reforma se presente como un texto conjunto consensuado entre todas las fuerzas con representación en el arco parlamentario y se oriente en varias direcciones: reforzar la autoritas de los informes del organismo y reforzar su independencia pese a que depende del Parlamento y sus consejeros son nombrados por acuerdos pactados por los tres principales partidos políticos (CC, PSOE y PP). 

Sin avanzar detalles, Pacheco recordó que la Audiencia de Cuentas debe afrontar ya "una actualización del marco normativo", toda vez que la legislación data del año 1989, y Estalella abogó por que la nueva ley incluya "si no medidas de presión, sí algún mecanismo que obligue a las administraciones a poner en marcha las recomendaciones" que incluye este organismo auditor en sus informes. "Es el momento perfecto para modificar la Ley", apostilló Ibarra.

El 70% de la plantilla del organismo fiscalizador afronta su jubilación en los próximos años

Los grupos parlamentarios van a usar como base una propuesta para adaptar la legislación de la Audiencia de Cuentas a las prácticas de gobernanza de los órganos de control externo que elaboró un técnico auditor, vinculado a la Universidad de Salamanca, y que trasladó el pasado mes de agosto al propio Pacheco, que optó por distribuirlo entre las fuerzas parlamentarias.

Este documento "ambicioso", tal y como lo definen varios portavoces parlamentarios, incide en que los órganos de control externo son instituciones técnicas especializadas "cuya legitimidad pública exige una auténtica garantía de imparcialidad y objetividad, por lo que se hace preciso un estatus institucional y personal que permita su ejercicio libre de condicionantes externos". Es decir, que sea independiente de las instituciones que controla y, además, esté protegida contra influencias exteriores.

¿Quién vigila a los vigilantes?

En estos momentos, la legislación de la Audiencia de Cuentas no se encuentra plenamente armonizada con las exigencias de los organismos internacionales, pues el artículo 1.2 de la vigente Ley de 1989 reconoce únicamente a la institución una "autonomía funcional". Por ello, se cae en la paradoja de ¿quién vigila a los vigilantes?, por lo que la modificación legal se encaminará a prever a quién corresponde realizar el control externo de la Audiencia de Cuentas, teniendo como base la propuesta del documento que manejan los grupos parlamentarios: un organismo auditor externo que fiscalice a la Audiencia.

Para ello, habría que incluir un nuevo apartado en el artículo 4 de la Ley en el que se asegure que la supervisión externa de la actividad económica, financiera y presupuestaria de la Audiencia de Cuentas "será llevada a cabo exclusivamente por una auditoría externa o bien por alguno de los denominados órganos de control externo (OCEX) de otra comunidad autónoma", para lo que deberá suscribir los correspondientes acuerdos con estas entidades. Además, ese informe resultante se trasladaría al propio Parlamento como anexo a la memoria anual y publicado en la sede electrónica de la Audiencia de Cuentas.

Por lo que se refiere a la necesaria modernización del propio organismo auditor, los retos expresados por todos los aspirantes a ser consejeros se dirigieron a la necesidad de que la gestión de la Audiencia llegue a la ciudadanía con un lenguaje que sea entendible por la ciudadanía, que en general no es experta en vocabulario contable, y potenciar la llamada fiscalización operativa: velar para que el Gobierno canario cumpla con los criterios de economía, eficiencia y eficacia en sus políticas.

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