La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional abraza dos de las medidas estrella del 20-A: la ecotasa y la moratoria

Una ecotasa temporal y una moratoria temporal. Son dos de las 14 medidas que la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) incluye en el texto de alegaciones que ha presentado al anteproyecto de ley con el que el Gobierno canario planea regular esta actividad económica. 

Ascav -que asegura representa a 1.700 propietarios de viviendas vacacionales en las Islas- se hace eco en sus propuestas de dos de las reclamaciones sacadas a la palestra por las asociaciones ecologistas y colectivos sociales que el pasado 20-A se manifestaron en las ocho islas bajo el lema Canarias tiene un límite con el objetivo de impulsar un cambio en el modelo turístico del Archipiélago.

Para saber qué responde el Ejecutivo regional a las demandas de Ascav habrá que esperar al menos hasta el próximo 9 de mayo, día en que finalizará el plazo de presentación de alegaciones al anteproyecto de ley. Doris Borrego, presidenta de Ascav, auguraba este lunes en la rueda de prensa en la que expuso las alegaciones de la asociación, que de no suavizarse el borrador de la norma se producirá una «oleada de denuncias» por parte de los propietarios que se vean damnificados. Un hecho que, según denunció, podría acarrear al Gobierno regional el pago de indemnizaciones por valor de 800 millones de euros. 

Estas demandas llegarían, según Borrego, por las «pérdidas económicas» que la norma impulsada por la Consejería de Turismo podría conllevar a algunas familias. Sobre todo, porque el texto que se encuentra en exposición pública incluye limitaciones a la explotación turística, como la de limitar al 10% el parque total de viviendas de un municipio a los pisos turísticos y el 90% restante a viviendas residenciales, lo que podría conllevar la retirada de licencias.

Asimismo, desde Ascav consideran que el texto presentado por la Turismo vulnera la autonomía que los ayuntamientos tienen para desarrollar la ordenación urbanística al obligarles a todos, con independencia de sus circunstancias, a tramitar una modificación de su planeamiento urbanístico con el fin de establecer las zonas en las que se habilita la vivienda vacacional. 

Instan a que los grandes tenedores pongan en el mercado casas para uso residencial

La asociación de propietarios turísticos también apunta que la norma establece de forma encubierta «una moratoria de la actividad de alquiler vacacional» que estaría vigente hasta que las corporaciones locales revisen su planeamiento, ya que mientras eso no ocurra se impide que nadie pueda obtener nuevos permisos de apertura. 

Ante esto, Ascav plantea sus 14 medidas como parte de una «enmienda a la totalidad» con la que muestra su «rechazo frontal» al borrador del Gobierno.

1) Ecotasa

Una de las principales propuestas de Ascav es la implantación de una ecotasa que se destine a «solventar el problema de la vivienda». En este sentido, piden que la recaudación vaya a parar a la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO). También se plantea que esta tasa sirva para crear un incentivo que garantice que las viviendas vacacionales que salgan del mercado turístico regresen al residencial. La protección de espacios naturales ante la creciente presión humana sobre los mismos también está contemplada. Eso sí, para competir «en igualdad de condiciones», se exige que la ecotasa se aplique a todas las modalidades turísticas, incluidos los hoteles y apartamentos.

2) Moratoria turística

Esta medida estaría vigente durante un año, un período en el que las administraciones deben ordenar las viviendas vacacionales en su municipio de forma que los pisos turísticos no representen más del 10% de su parque frente al 90% destinado a vivienda residencial. En el caso de las Islas Verdes, la asociación propone que las viviendas vacacionales puedan representar el 20%. Si los ayuntamientos no organizan las viviendas vacacionales en ese plazo, Ascav exige el fin de la moratoria. Por tanto, esta propuesta es similar a la del Ejecutivo canario porque también propone limitar el crecimiento de la vivienda vacacional mientras se ordena el planeamiento, con la diferencia de que Turismo fija ese tiempo de espera en cinco años prorrogables por otros cinco.

También se plantea la obligatoriedad de las licencias para promocionarse en ‘Booking’ o ‘Airbnb’

3) Eliminación de viviendas no registradas

Para luchar contra la oferta de casetas de campaña y otras opciones que no reúnen las condiciones de habitabilidad, Ascav pide al Gobierno regional que exija a las plataformas que comercializan estos servicios -como Airbnb y Booking- que soliciten a los propietarios la licencia de la vivienda como un requisito indispensable para poder promocionarse en sus webs. «Es cuestión de todos acabar con esto porque da mala imagen al sector turístico de Canarias», añadió Borrego.

4) Sostenibilidad energética

Ascav pide que el propietario de viviendas vacacionales esté obligado a adaptarse a las exigencias de eficiencia energética y sostenibilidad que se impongan a nivel nacional o europeo. También se demanda la exigencia de luminarias de bajo consumo así como sistemas de ahorro de agua y separación de basura.

5) Seguro

Con el fin de «proteger a los consumidores» y de «asumir responsabilidades», se exige la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil.

6) Caducidad

Si pasado un tiempo, una vivienda dada de alta como vacacional nunca es explotada, Ascav pide la retirada de su licencia. Esta medida es «de vital importancia» después de que el registro de pisos turísticos haya aumentado un 40% desde el anuncio de su regulación por parte del Gobierno, lo que según los propietarios ha derivado en un «efecto llamada» que ha supuesto que viviendas se registren aunque no vayan a ser explotadas.

Pide la retirada de permisos a quienes dieron de alta sus viviendas pero no las están explotando

7) Planeamiento

Ascav pide que sean los ayuntamientos quienes planeen la presencia de las viviendas en alquiler vacacional que haya en su municipio, siempre que sea con criterios «medibles» como la «zonificación» y las «densidades máximas». En opinión de Borrego, deben tenerse en cuenta las «distintas necesidades» de municipios turísticos como San Bartolomé de Tirajana o Adeje frente a otros residenciales como Tejeda o Masca.

8) Incentivos a la residencialización

Se propone que el Gobierno canario habilite incentivos a los propietarios que quieran pasar sus viviendas vacacionales o casas vacías al mercado residencial. Y, además, se pide proteger al propietario «en caso de impago por parte de los inquilinos» con el fin de «acabar con la inseguridad jurídica generada por la Ley de Vivienda estatal». 

9) Legalización de la planta extrahotelera

Una parte de los propietarios que explotan apartamentos ubicados en complejos turísticos como si fueran viviendas vacacionales son personas «descontentas», según Ascav, porque los operadores les proporcionaban «una renta muy baja» por sus propiedades o bien porque estos «se dieron de baja» y les dejaron con sus apartamentos fuera del mercado. En ese sentido, Ascav pide que se permita a estas personas ejercer la actividad como vivienda vacacional.

10) Órgano de mediación

Implicaría la mediación del Gobierno canario en las disputas que se originen en las comunidades de vecinos en las que haya viviendas vacacionales.

11) Control de ruido

Se plantea la obligatoriedad de aparatos de medición de ruidos en los edificios para evitar molestias a los residentes en el edificio. 

12) Protección oficial

Se exige al Gobierno canario que cumpla sus deberes en materia de VPO impulsando su construcción.

13) Coto a grandes tenedores

Ascav pide que se limiten los edificios con más de diez viviendas vacacionales en manos de un solo propietario, ya sea otorgando la categoría de «hotel» u obligando al tenedor a poner otras diez viviendas en el mercado residencial. «Ese es un producto distinto a aquel para el que originalmente se creó la vivienda vacacional. Canarias es la única comunidad donde no se diferencias las viviendas vacacionales de una persona que explota diez viviendas a la vez», explicó Borrego.

14) Consolidación de las viviendas vacacionales

Una vez que los propietarios han registrado una vivienda para su alquiler vacacional, siempre que no se haya alcanzado el cupo del 10% de pisos turísticos en el municipio, Borrego defiende que «no hay necesidad de excluir» a ningún propietario del mercado.