Canarias recibe de la UE el trato diferenciado que le cuesta arrancar a España

Tan incongruente como cierto: Canarias tiene un encaje y reconocimiento legal más consolidado en la Unión Europea (UE) que en España. Mientras dentro el país se hace necesario un continuo esfuerzo pedagógico para explicar a la Administración el sentido del Régimen Económico y Fiscal (REF), el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE consolida plenamente la condición de región ultraperiférica de la comunidad autónoma.

“Gran lejanía, insularidad, reducida superficie (...) y dependencia económica de un reducido número de productos [el turismo en el caso del Archipiélago], factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo”, señala el tratado. Para paliar esa desventaja, la maquinaria europea “adoptará medidas específicas orientadas, en particular, a fijar las condiciones para la aplicación de los tratados en dichas regiones”.

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La densidad de población casi triplica la media europea

Quedan reconocidas en Bruselas la especial situación y la necesidad de adoptar política especiales para mantener niveles de vida aceptables. Sin embargo, no lo están en la Constitución Española, por lo que cualquier diferencia es susceptible de ponerse en duda dentro del debate político -la bonificación del transporte para los residentes, por ejemplo- o el ámbito de la mera inspección tributaria, como sucede cíclicamente con varios de los incentivos que se incluyen en la parte fiscal del REF.

Con ese contexto es más sencillo vislumbrar en qué medida afectan a Canarias las decisiones que se adoptan en Bruselas. O mejor, la capital importancia que tiene la financiación que proviene de la UE de cara a mantener un nivel económico y social medianamente aceptable. La densidad de población casi triplica la media europea, con un rápido crecimiento que hace aún más difícil resolver una tasa de desempleo elevada y persistente.

Impulso social

Prueba del reconocimiento por parte de Europa de las especificidades canarias es la inclusión de una asignación de 157 millones de euros extras en el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para el periodo presupuestario en vigor (2021-2027) por su condición de región ultraperiférica. En total, por esta vía del FSE+ llegarán al Archipiélago 446,5 millones de euros, en los que se incluyen, entre otras, una partida de 80 millones de euros para la inclusión social y la lucha contra la pobreza o 62,3 millones para aminorar la tasa de desempleo juvenil.

En un periodo al que le quepa el calificativo de normal, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo (FSE) permiten un nivel de inversión en infraestructuras y programas que mantienen viva la aspiración a la convergencia con la media estatal; la europea queda demasiado lejos en la mayoría de los casos. Sin embargo, durante la legislatura que ahora expira, la concatenación de imprevistos generadores de grandes impactos en la sociedad han puesto en mayor valor, si cabe, la pertenencia a la UE.

Pandemia y erupción volcánica

Unos, globales, como la crisis sanitaria por la pandemia de covid; otros, particulares de la comunidad autónoma, como la erupción del volcán Tajogaite en la isla de La Palma iniciada en septiembre de 2021 y que duró prácticamente tres meses con notables daños para la vida de miles de ciudadanos de la isla bonita.

Según datos de la Representación Permanente de España en la UE (Reper), al Archipiélago llegaron 62,3 millones de euros para pagar vacunas contra el coronavirus, distribuirlas, almacenarlas y divulgar su necesidad entre la población. La vía para disponer de esa suma fue el Plan React-EU, el que negociaron los países miembros para reparar los daños que provocó entre los europeos la pandemia.

Los europarlamentarios destinaron 9,45 a la reconstrucción de La Palma

Un ejemplo palmario de la capacidad de respuesta ante las eventualidades. Tuvo continuidad cuando los europarlamentarios decidieron al final de 2022 abrir el Fondo de Solidaridad y tomar 9,45 millones de euros para ayudar a la reconstrucción de los 1.452 edificios, las plantaciones y las explotaciones ganaderas dañadas por la lava en La Palma.

En la práctica totalidad de los carteles anunciadores de los proyectos de ingeniería civil –carreteras, puertos o aeropuertos, entre otros- aparece el nombre del Feder. Y ya no solo en las actuaciones más habituales, también en las diseñadas para atajar graves problemas estructurales como la gestión de los residuos.

El pasado programa operativo (2014-2020) trajo 23,4 millones de euros para regenerar los suelos de los vertederos ilegales, algunos en enclaves tan señeros como el Faro de Orchilla (El Hierro), Costa Botija (Gran Canaria), Butihondo (Fuerteventura) o Las Rosas (Tenerife).

Agricultura y pesca

En lo que respecta al maltrecho campo, las Islas acaban de conseguir el compromiso de actualización de la ficha financiera del Posei. Este programa operativo se incluye dentro de la Política Agraria Común (PAC) y está diseñado para proteger la producción agrícola de los efectos perniciosos que tiene la lejanía del continente. El pasado año, la suma dispuesta para el apoyo a la producción local tocó techo, con 302,2 millones de euros. A estos se sumaron otros 33,8 millones de euros provenientes del conocido como Posei adicional.

La pesca es otro de los sectores que han ganado cuota de financiación entre 2021 y 2027. El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa) ha asignado 88 millones de euros, cinco millones más que en el anterior presupuesto comunitario. Una decisión que entronca, además de con el mantenimiento de una actividad sostenible y artesanal en la gran mayoría de los casos, con la potenciación de la economía azul, uno de los pilares sobre los que debe asentarse el cambio de modelo económico de Canarias para reducir su dependencia del turismo.

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