Santa Cruz pide compensaciones para afrontar la Ley de Alquiler Vacacional

La Junta de Gobierno de Santa Cruz tuvo conocimiento de los informes de los servicios municipales, como alegaciones al Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, conocido como alquiler vacacional, aprobando su remisión a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. «Entendemos que hay algunas cuestiones trascendentales para nuestro municipio que deben delimitarse de mejor manera en este anteproyecto de ley», apunta el alcalde, José Manuel Bermúdez.

El regidor considera que «entre las principales alegaciones presentadas destacan la dificultad que observamos para aplicar la zonificación en el planeamiento pretendida en el anteproyecto, además de la falta de previsión sobre cómo afecta el uso turístico de viviendas a la movilidad sostenible» y añade que «a lo que se suma a la necesidad de garantizar la suficiencia financiera su aplicación mediante la transferencia de fondos a las entidades locales que permitan afrontar los costes derivados de las modificaciones a realizar en los instrumentos de planeamiento y nuevas funciones a asumir por los ayuntamientos».

Entre las alegaciones, «la transformación de áreas inicialmente destinadas a uso residencial hacia un uso turístico intensivo plantea una problemática significativa, de la misma manera que la conversión de establecimientos turísticos en áreas originalmente designadas para uso residencial», considera que «esto se debe a que el modelo de movilidad asociado a cada tipo de uso de suelo experimenta cambios importantes».

Consecuencias del cambio de uso

«Precisamente por esto –define Bermúdez–, cuando una zona residencial se convierte en un destino turístico intensivo, el flujo de personas, vehículos y servicios aumenta considerablemente, lo que puede sobrecargar la infraestructura existente y causar congestión en las vías de acceso y en el transporte público» y añade que «algo que sucede al revés si una zona turística se transforma en residencial, ya que puede originar una disminución de la demanda de servicios turísticos y, por lo tanto, alterar el flujo de personas y vehículos en la citada zona».

Desde el punto de vista del Servicio de Movilidad y Accesibilidad se estima que el anteproyecto de ley debería incluir la garantía de que las administraciones desarrollen una planificación y regulación adecuadas en materia de movilidad frente a cambios de usos de suelo, ya sea de residencial a turístico o viceversa.

Bermúdez recuerda que «la ley de municipios de Canarias se define la necesidad de contar con suficiencia financiera ante la asunción de nuevas competencias que las leyes atribuyan como propias a los municipios y que supongan, tal y como entendemos que es el caso, cargas económicas adicionales». «Para la aplicación de la ley el anteproyecto debe entender que debe llevar aparejados los correspondientes traspasos de recursos y medios de la Comunidad Autónoma», concluye.

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