Primer censo nacional

Radiografía de las residencias: solo el 25% son públicas y hay 0,3 trabajadores por residente

Cataluña es la autonomía con más centros residenciales, el 21% de los 6.831 existentes en España

Una residencia de ancianos del grupo Vitalia

Una residencia de ancianos del grupo Vitalia

Patricia Martín

El Ministerio de Derechos Sociales ha presentado este miércoles el primer censo de centros residenciales en España, que engloba instalaciones dirigidas a personas mayores y a personas con discapacidad. La radiografía arroja que hay 6.831 residencias, el 76% geriátricos, el 21% en el ámbito de la discapacidad y el 3% mixtas. Cataluña lidera el ranking autonómico, con el 21% de las instalaciones, seguida de lejos por Castilla y León, con el 12,3% y Andalucía (10,6%). En la cola se sitúan Ceuta y Melilla (0,1%) y la Rioja (0,5%).

La publicación responde a la necesidad de contar con un mapa completo de las residencias existentes España, con el fin de “mejorar las políticas públicas” en la planificación gerontológica y el sistema de protección social, teniendo como base la red de centros y sus características, según ha explicado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, en la presentación de una estadística que, a partir de ahora, se actualizará de forma periódica.

La secretaria de Estado ha puesto en valor también que el censo “es un ejercicio de transparencia” que va a ayudar a la ciudadanía a tomar decisiones a la hora de disponer de información para elegir un centro u otro.

La mayoría, privados

El informe ratifica que la mayoría de residencias son de titularidad privada, en concreto el 75%, frente al 25% de titularidad pública. Y en los centros dirigidos a personas con discapacidad, la desigualdad es aún mayor, un 80% privados frente al 20% públicos.

Pero si se tiene en cuenta que la gestión también sea pública y no se haya externalizado, los centros completamente públicos descienden al 14% de los geriátricos y el 13,7% del resto.

El sistema residencial oferta 381.514 plazas a personas mayores, distribuidas entre 5.188 centros. Para las personas con discapacidad hay 49.435 plazas repartidas en 1455 centros. Eso implica que apenas hay macro residencias, la media es de 73,5 plazas por instalación en los dirigidos a personas mayores y una media de 34 plazas en el resto.

Teniendo en cuenta el perfil de los residentes, el 70% son mujeres (41,6% en las residencias de personas con discapacidad) y el 75% tienen más de 80 años (el 84,9% son menores de 65 años en el ámbito de la discapacidad).

Y las mujeres también son mayoritarias entre los empleados: el 86% en los geriátricos y el 78% en el resto. Además, en los centros para mayores el 57% son considerados empleados de primer nivel de atención, que es el más próximo al usuario, lo que ofrece una ratio de 0,36 trabajadores por residente. En las residencias enfocadas a la discapacidad, el 58,3% del personal está destinado al primer nivel de atención, lo que arroja una ratio mayor, de 0,52 trabajadores por residente.

Las instalaciones

Tanto en los centros de personas mayores como en los de personas con discapacidad, la mayoría de las habitaciones son de uso doble, un 55% en el caso de los primeros y un 48% en los segundos, siendo las habitaciones de uso triple o superior residuales para personas mayores y un 11% en el caso de personas con discapacidad.

En torno a la mitad de los centros ofrecen servicios de proximidad y, de estos, el 40% ofrece el servicio de centro de día. El 90% de los geriátricos tiene zonas exteriores, el 80% se sitúa dentro del casco urbano y el 75% tiene posibilidad de sectorizarse en caso de necesidad, por si hay que aislar a algunos residentes. Además, un 70% tiene acceso a internet.

Estos datos van a permitir comprobar cómo se avanza hacia el nuevo modelo residencial, aprobado en la pasada legislatura y destinado a que las residencias se parezcan cada vez más a los hogares, con grupos de convivencia de máximo 15 personas, más personal y más habitaciones individuales. Las directrices comunes hacia el nuevo modelo se acordaron con las comunidades en un consejo territorial celebrado en 2022.