Alianza contra la burocracia en las ayudas a las personas discapacitadas

Las asociaciones Con Tu Ayuda Todos Sumaremos, Somos Uno Más y Unidos Por Un Sueño, han creado una alianza por una causa común: defender los derechos de las Personas con Discapacidad y sus familias. En un esfuerzo conjunto por abordar una preocupación urgente y persistente, dichas asociaciones se unen para poner de relieve un asunto crítico que afecta a miles de personas con discapacidad en nuestra comunidad: el retraso en las reconocimientos, resoluciones y renovaciones del grado de discapacidad.

A pesar de los avances en la conciencia pública y la legislación que protege los derechos de las personas con discapacidad, hay una realidad preocupante: la burocracia y la lentitud en los procesos de evaluación y renovación del grado de discapacidad están dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre y desamparo. Para las tres asociaciones es fundamental que se implementen medidas que agilicen los procesos de evaluación y renovación del grado de discapacidad, garantizando así el acceso oportuno a los derechos y beneficios que merecen todas las personas con discapacidad, los cuales se han paralizado por el retraso en estos dictámenes.

La burocracia está aumentando gravemente los problemas entre las personas con esta condición. Así lo aclararon las presidentas de tres de las asociaciones para defender los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus familias. Janeth Duro Cruz de Con Tu Ayuda Todos Sumaremos; Amy María Elimane de Unidos Por Un Sueño y Carolina Buriticó de Somos Uno Más denunciaron toda una serie de formalidades innecesarias a la hora de realizar las gestiones que están teniendo unas repercusiones nefastas en los pacientes.

Representantes

Las tres representantes acudieron a un acto ante los medios que tuvo lugar en la sede de la Asociación Franchy Roca y que contó con la presencia además de dos madres que pudieron contar su problema en particular: Irene Valerón Ilersen y Catrina Mouso García. Nada más comenzar, Janeth Duro Cruz, subrayó que «la burocracia y la lentitud en los procesos de evaluación y renovación del grado de discapacidad están dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre y desamparo». Esta situación conlleva la paralización de las ayudas que reciben las familias desde diferentes sectores de la administración.

Así, desde Hacienda, hay problemas en cuanto a recibir la deducción por maternidad de hijo a cargo con discapacidad. Por otro lado, desde la Seguridad Social se retrasa o no llega la prestación económica por hijo o menor a cargo con discapacidad. Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional hay barreras para conseguir la beca para Estudiantes con Necesidad Especifica de Apoyo Educativo (NEAE).

Y desde la Consejeria de Transporte, Movilidad o Bienestar Social se retrasan las tarjetas de estacionamientos para las personas con discapacidad. Amy María Elimane, añadió, por su parte, que no se están cumpliendo los trámites sobre discapacidad y dependencia, recordando que detrás de cada trámite pendiente hay una vida, una historia y una lucha diaria. «Cada día de espera representa un obstáculo adicional para acceder a los recursos y servicios necesarios para vivir una vida plena y digna», señaló. Por ello, es fundamental que se implementen medidas que agilicen los procesos de evaluación y renovación del grado de discapacidad, «garantizando así el acceso oportuno a los derechos y beneficios que merecen todas las personas con discapacidad, los cuales se han paralizado por el retraso en estos dictámenes».

Seguidamente, Carolina Butiricó recordó que no se están cumpliendo artículos fundamentales de la ley. En primer lugar, y en lo que respecta a la discapacidad, la ley señala que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del procedimiento. Y este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

En cuanto a dependencia, Butiricó subrayó que la ley afirma que se garantizará por los poderes públicos un sistema de calidad de los servicios y prestaciones especializados para las personas en situación de discapacidad o de dependencia, con la supresión de barreras físicas y legales facilitando su desarrollo en todas las facetas, conforme se establezca en las leyes. «Entendemos por ello que es necesario suplementar las prestaciones que se perciben en concepto de prestación económica». Las asociaciones destacaron «la extraordinaria y urgente necesidad de este decreto-ley resulta plenamente justificada y proporcionada para atender las circunstancias sociales y económicas de las personas dependientes, en especial, para aquellas personas de bajos recursos.

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