Tres meses sin móviles en las aulas de Canarias: una medida positiva, pero mejorable
El sindicato ANPE demanda una mayor coordinación a la Consejería de Educación para facilitar las actuaciones de los equipos directivos de los centros escolares
"En los recreos se oye más murmullo, hay más vida porque los chiquillos hablan entre ellos, hay hasta más barullo y, desde luego, los dimes y diretes a través del móvil han caído a cero", dice Fernando Espiau, jefe de Estudios del IES Poeta Tomás Morales Castellano (Las Palmas de Gran Canaria). Tres meses después de que la Consejería de Educación publicara un marco regulatorio común para prohibir el uso de los dispositivos electrónicos personales de los estudiantes en los centros públicos no universitarios de las Islas, la valoración general es "positiva", aunque los docentes consideran que aún tiene visos de mejora.
"Consideramos que el balance de la aplicación de las instrucciones de la Consejería sobre el uso de móviles por el alumnado está siendo positivo en términos generales", afirma Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, sindicato con más representación entre los docentes de las Islas. Aunque aclara que ya gran parte de los centros educativos contaban con medidas y protocolos para enfrentarse a los efectos perniciosos del uso de los móviles en las aulas durante las clases o entre horas, Crespo aplaude que la resolución de la Viceconsejería de Educación haya respetado la autonomía de las comunidades de los colegios o institutos.
"No obstante, sería aconsejable que la Consejería ejerciera una labor de coordinación para la aplicación en cada centro de las medidas derivadas del incumplimiento de la prohibición o limitación del uso del móvil. Las instrucciones no son muy precisas en ese aspecto y la Administración debe acompañar a los centros para facilitar su actuación", añade Crepo.
De manera general, la Viceconsejería vetó el uso de los móviles durante toda la jornada escolar, incluyendo no solo las clases, también en los recreos o actividades complementarias y extraescolares en primaria, secundaria y ciclos formativos de grado básico. Tan solo permite su empleo como herramienta pedagógica o didáctica y por motivos sanitarios acreditados. Para hacerlo cumplir, la administración respalda la retirada y custodia del dispositivo al alumnado hasta el final de la jornada.
En el IES Poeta Tomás Morales Castellano la prohibición del uso de los móviles ha sido todo un "éxito", según Espiau, algo que achaca no tanto al respaldo de la administración a los castigos, sino a la campaña de concienciación previa realizada en el ecosistema educativo. "Todos los estamentos del centro, alumnado, profesorado y familias, estaban perfectamente informados de cómo iba a ser ese protocolo, cada uno pudo conocer las consecuencias de usar los móviles en los centros y a principios de febrero lo pusimos en funcionamiento", añade.
Durante las primeras semanas, Espiau detalla que eran frecuentes las retiradas y custodias de los móviles al alumnado. El sistema consensuado en el IES Poeta Tomás Morales Castellano obligaba a los estudiantes a tener el teléfono apagado y en sus mochilas, con un veto que se extendía a otros dispositivos relacionados como los auriculares. Si el alumnado incumple la norma del centro, los docentes tienen la potestad de requisar su móvil y depositarlo en la jefatura de estudios bajo llave junto a un documento en el que se identifica al alumnado, al profesor que intervino, las circunstancias y se informa a la familia.
"Si es la primera vez que se le requisa, al finalizar la jornada se devuelve; si es la segunda vez, son los padres los que tienen que venir a buscarlo y si hay una tercera, cuarta o quinta, ya todo pasa al comité de gestión de la convivencia y se estudia añadir alguna otra medida punitiva" explica Espiau. En la actualidad, en el IES Poeta Tomás Morales Castellano "la incidencia del uso del móvil se ha reducido a la mínima expresión", celebra su jefe de estudios, con apenas uno o dos casos por día. Y, además, a poco más de tres estudiantes se les ha tenido que retirar el teléfono en más de dos ocasiones. "Todo es mejorable, pero estamos muy satisfechos de cómo están yendo las cosas", agrega.
Concienciar
Las medidas aplicadas son similares en el IES Sabino Berthelot (El Sauzal, en Tenerife) y, también, la percepción es positiva. Soledad Otero, docente de Geografía e Historia y coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado, revela que antes de la instrucción del Gobierno regional se permitía el uso de los móviles en los recreos, pero una vez que se emitió la resolución, la comunidad se vio más amparada para extender la prohibición del uso de los teléfonos. En este caso, el centro es más permisivo con el empleo del dispositivo en bachillerato porque entienden que los estudiantes ya tienen "una madurez y responsabilidad para ello", aunque siempre y cuando lo decida el docente.
"Lo importante es concienciar, si el alumnado es consciente de los beneficios que le aporta estar sin móvil. Nosotros hicimos una valoración con estudiantes y nos reconocían que socializan más, que se encuentran con menos problemas de acoso o de hacer un mal uso del móvil", explica Otero, quien a su vez aboga por seguir actuando en este sentido ante diversos escenarios en los que el alumnado buscará la manera de sortear la norma.
En este sentido, Óscar Torres, jefe de estudios del IES Alonso Quesada (Las Palmas de Gran Canaria) reconoce que echa en falta "una normativa marco que ampare mejor la resolución para una mejor defensa a los docentes". Aunque estima que la resolución es un buen punto de partida, demanda que la administración aclare con mayor precisión las decisiones o actuaciones que pueden tomar los centros y los respalde.
Como ejemplo, expone que se dan diversas situaciones en las que no queda claro como actuar, como cuando se detecta al alumnado usando el dispositivo en un pasillo, se le pide el teléfono para requisarlo, pero lo guarda en su mochila y se niega a entregarlo alegando que es de su propiedad. "Yo no puedo meterle la mano en la mochila a un alumno para que me dé el móvil", alega Torres, quien de esta manera quiere hacer ver que las actuaciones quedan limitadas "a un marco general que no nos apoya (...). Es complicado, porque se veta su uso a razón de lo que hagan los centros. Hay lagunas. Falta un marco que nos dé respaldo", reitera Torres.
La resolución de la Viceconsejería también recoge que la Inspección Educativa deberá velar anualmente por el cumplimiento de las instrucciones y, de forma paralela, asesorará e informará en este sentido a los distintos sectores de la comunidad educativa.
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