Los constructores vaticinan pleitos millonarios por el alquiler vacacional

La patronal de la construcción asemeja el anteproyecto de ley del alquiler vacacional con la moratoria turística que provocó numerosas reclamaciones ante los juzgados e indemnizaciones que todavía se están pagando 20 años después. En sus alegaciones al texto que promueve el Gobierno regional, la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (Aecp) cuestiona que «esto es una moratoria de hecho; prohíbe, de facto, la vivienda vacacional hasta tanto algún planeamiento la contemple» y advierte que «la experiencia con las moratorias en el ámbito turístico es demoledora» porque «dará lugar a numerosos procesos litigiosos y a las consecuentes reclamaciones de responsabilidad patrimonial que derivarán en procesos indemnizatorios». Esta situación supone «un disparate jurídico» por intentar evitar las reclamaciones mediante las prórrogas a la actividad establecidas en el texto.

La organización empresarial considera que la norma promovida por la Consejería de Turismo «se extralimita» al traspasar la ordenación de una actividad económica como es el uso turístico de los inmuebles a entrar de lleno en la regulación de la política de vivienda digna, adecuada y a precios asequibles cuando ya hay una norma de medidas urgentes en materia de emergencia habitacional de la Consejería de Obras Públicas. De hecho, el documento recoge que se intenta derivar la responsabilidad de la falta de vivienda hacia el alquiler vacacional «cuando estamos ante un problema estructural: el fracaso estrepitoso de la gestión de la política de vivienda que ha provocado una descomunal falta de oferta». Por lo tanto el origen del problema «es la desidia de las administraciones públicas».

Enmienda a la totalidad

Los constructores de la provincia oriental presentan una enmienda a la totalidad del anteproyecto de ley, demandan una reformulación del mismo y creen que el mismo parte de un «error» y es que solo un 20% del número de supuestas viviendas vacacionales lo son, según el reciente estudio publicado por el Colegio de Economistas, ya que en las estadísticas se incluyen villas y apartamentos que, por sí mismos, pueden ser comercializados y muchos de ellos se encuentran en las zonas turísticas. En este sentido se niega que haya gentrificación.

La presidenta de la patronal, Salud Gil, critica que la norma se inmiscuya en la política de vivienda cuando el Ejecutivo «ha abordado el problema de emergencia habitacional de una forma valiente y decidida mediante un decreto ley». Sin embargo, considera que el anteproyecto de Turismo invade competencias municipales al entrar en la elaboración del planeamiento, pero también puede tener visos de inconstitucionalidad al entrar en competencias estatales por inmiscuirse en los usos de la vivienda, lo que es «confiscatorio/expropiatorio» y afecta a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Las alegaciones consideran que el periodo transitorio que se establece en el texto para las viviendas turísticas que están en explotación «tiene bastante trampa» y que las contraprestaciones que se exigen para otorgar la prórroga de la actividad vulneran el principio de proporcionalidad porque incide en descargar la responsabilidad de resolver el problema de la vivienda sobre aquellos que ejercen la actividad turística.

Asimismo advierten que el «intervencionismo» del texto vulnera otros principios como el derecho a la libertad de empresa, a la propiedad privada y el derecho a la libertad de establecimiento y libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

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